La Justicia de Santa Cruz ordenó más de veinte allanamientos en propiedades de Lázaro Báez ubicadas en esa provincia y en Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones vinculadas con presunto narcotráfico y lavado de activos. Los procedimientos se llevaron adelante entre el lunes y este martes, principalmente en Río Gallegos, El Calafate, estancias santacruceñas y otros puntos bonaerenses. También fueron alcanzadas personas del entorno del empresario, entre ellas su pareja, un chofer y otras personas.
La orden fue firmada por Claudio Marcelo Vázquez, juez federal de garantías de Río Gallegos, a partir de un pedido de fiscales de la Unidad Fiscal de esa ciudad y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. En los operativos participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
Las causas, relacionadas entre sí, indagan la posible actividad de dos organizaciones: una dedicada al tráfico de estupefacientes y otra que habría administrado y puesto en circulación bienes de origen ilícito. Esta última es investigada por su presunta conexión con Báez y por la posibilidad de que los activos se hubieran apartado de la ejecución de las condenas que pesan sobre él. Báez continúa detenido y cumple una condena de diez años, según la información publicada.
Una de las líneas de investigación apunta a un supuesto esquema de transporte de cocaína en camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025. Los investigadores sostienen que la distribución habría estado a cargo de dos hombres y que las entregas podrían haberse realizado en un lavadero. La Justicia también analiza si uno de los posibles integrantes de esa organización habría encabezado la banda investigada por narcotráfico en Santa Cruz.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos que, según la investigación, estarían vinculados con imputados de las dos causas. Además, se dispusieron embargos y otras medidas cautelares sobre bienes, junto con el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas involucradas. Las hipótesis sobre la participación de Báez y de los demás investigados permanecen bajo análisis judicial.
