El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.688, que autoriza a los intendentes a destinar a obras hídricas hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural previstos para mantener la red vial rural. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y habilita una reasignación de recursos, pero no dispone que los municipios deban abandonar el financiamiento de los caminos.
La autorización comprende tareas de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas y obras de defensa, además de la compra de equipamiento hídrico. El permiso es excepcional y rige durante 180 días corridos desde la publicación de la ley, un plazo que, según la información disponible, se extiende hasta los primeros días de mayo de 2027.
Cada municipio podrá decidir si emplea esos fondos para atender necesidades hidráulicas o si conserva su destino original. La iniciativa, presentada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, busca darles a los gobiernos locales herramientas para realizar obras de drenaje y otras intervenciones que no se limiten al mantenimiento de caminos rurales, varios de los cuales sufrieron daños por las condiciones climáticas de los últimos meses.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazó la medida. La entidad sostuvo que los caminos rurales ya requieren más inversión y cuestionó que se les resten recursos sin asegurar antes el uso adecuado de los fondos existentes. También planteó que las obras hidráulicas deberían financiarse por otras vías y objetó que la Legislatura avanzara con el proyecto en un período breve, luego de haber sesionado poco durante gran parte del año.
