España realizó este miércoles su primera huelga general en 14 años, en una jornada atravesada por cortes y protestas en distintos puntos del país. Las estimaciones iniciales describieron una adhesión dispar: por encima del 80% en algunas comunidades, como Cataluña, y alrededor del 40% en otras, entre ellas Extremadura y Castilla-La Mancha. Los sindicatos convocantes la consideraron exitosa, mientras que representantes empresariales cuestionaron su alcance y sostuvieron que tenía motivaciones políticas.
Durante la madrugada se registraron choques entre manifestantes y fuerzas policiales, con 20 huelguistas heridos y 27 detenidos, según los datos difundidos hasta ese momento. Uno de los principales enfrentamientos ocurrió en las cocheras de colectivos, antes de que comenzaran los recorridos del transporte público. También hubo altercados en Madrid, Valladolid y Santander, además de disturbios en los accesos a Mercamadrid. Piquetes y neumáticos incendiados interrumpieron rutas de acceso a Madrid, Valencia y Barcelona.
La protesta se originó tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se desplazaba en silla de ruedas. Había vivido durante décadas en el departamento alquilado por su familia y murió en un hospital dos semanas después de dejar la vivienda. El caso impulsó acampadas y reclamos por el acceso a la vivienda. La convocatoria también incorporó demandas de salarios que permitan afrontar el costo de alquilar o comprar un hogar.
La medida se desarrolló a poco más de dos semanas de las elecciones generales y contó con el respaldo de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, necesario para que la convocatoria fuera legal, según el artículo. El Gobierno defendió el derecho a huelga y alentó la movilización, mientras que dirigentes del Partido Popular la calificaron de política y la vincularon con la disputa electoral. Desde el sector empresarial se cuestionó que una huelga general fuera el instrumento adecuado para reclamar soluciones a la crisis habitacional.
