Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

Ago 10, 2026 Sistema de Noticias Politica

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La modificación sancionada al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo como responsable externo a Sergio Massa, según reconocen en el Gobierno, aunque internamente las críticas apuntaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El papel del exministro de Economía, excandidato presidencial y referente del PJ fue clave en las negociaciones con senadores afines a gobernadores peronistas, quienes mantienen un buen diálogo con el Ejecutivo. Massa admitió en conversaciones privadas haber hablado con tres de esos senadores, aunque desde el Gobierno estiman que fueron más, formando parte de un grupo de al menos nueve que finalmente rechazaron partes del proyecto y responden a distintos mandatarios del peronismo.

Las negociaciones del líder del Frente Renovador se concentraron especialmente en los tres senadores que integran el bloque Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza—, quienes han acompañado en distintas iniciativas al oficialismo durante el último año. Moisés es cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz; Andrada responde al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil; y Mendoza está alineada con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Si bien todos mantienen buena relación con Casa Rosada, se marcaron distancias en esta oportunidad.

El problema para el Gobierno fue la ausencia de varios votos el jueves pasado: los santacruceños Carambia y Gadano no acompañaron, al igual que la tucumana «Betty» Ávila, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, quienes en otros casos habían respaldado proyectos previos.

Desde el massismo reconocen haberse comunicado exclusivamente con el trío de senadores de Convicción Federal y se deslindan del resto de las negociaciones que debilitaron el proyecto de ley sobre la propiedad privada. «Se habló con tres senadores de 38. Con el resto no se dialogó; el error fue del Gobierno. El Colo Santilli y otros dejaron que Patricia (Bullrich) se estrelle sola», señalaron con ironía sobre la responsabilidad oficialista.

Fuentes del Frente Renovador aseguran que el oficialismo no llamó en ningún momento a Moisés ni a los otros senadores de Convicción Federal tras haberlos utilizado políticamente durante largo tiempo. Además, atribuyen la influencia en las negociaciones no solo a Massa, sino también a referentes kirchneristas del Senado como Juliana Di Tullio y del Congreso, como Germán Martínez.

En el sector conocido como mileísmo, algunos atribuyen a contactos previos con Massa las declaraciones del miércoles de senadores ultrakirchneristas como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes expresaron su hartazgo con la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

En cuanto a la agenda legislativa, a pesar de que Patricia Bullrich propuso sesionar todas las semanas del Senado durante agosto y septiembre, la experiencia de la primera semana del mes dificulta imaginar que se cumpla ese objetivo.

Las expectativas del Senado se enfocan ahora en aprobar la Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción en Diputados y un consenso mayoritario entre los bloques aliados. Asimismo, esta semana se tratarán pliegos de jueces, un tema en el que el Gobierno destacó el envío de 203 designaciones para cubrir vacantes urgentes en el Poder Judicial, cifra considerada un récord histórico por el ministro Juan Bautista Mahiques.

Para más adelante quedan proyectos que deben debatirse primero en Diputados, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, clave para el diputado Javier Milei. El Senado ha pedido que los textos a discutir no mezclen temas dispares, como ocurrió en iniciativas recientes.

En este contexto, ven pocas chances de avance para la ley de sociedades, especialmente en el capítulo que permitiría crear empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados humanos en su funcionamiento habitual. Tampoco parece probable que prospere la iniciativa que buscaba desregular actividades de librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, propuesta en julio y promovida por el ministro más cuestionado por el mileísmo: el exministro Federico Sturzenegger.

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