Otro duro informe sobre la mina de Río Turbio refleja una empresa inviable que será díficil privatizar

Feb 27, 2026 Sistema de Noticias Nacionales

Deudas, falta de documentación, un tren turístico “fantasma”, una Usina que debería generar 240 MW “no activa” y aportes multimillonarios del Estado Nacional para subsistir, son algunas de las conclusiones volcadas en el último informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la firma minera radicada en Santa Cruz e intervenida hace más de 24 años. El gobierno libertario avanza hacia su transformación en una Sociedad Anónima.

El modelo al que el Gobierno busca llevar a YCRT es como el de YPF. El 51% de las acciones de Carboeléctrica Río Turbio SA, lo tendrá el Estado nacional (el 95% de este porcentaje lo tendrá la Secretaría de Energía y el 5% Minería).

Todos los bienes muebles e inmuebles de YCRT serán transferidos a la Sociedad Anónima creada por el Gobierno. Por ese motivo, el Gobierno ordenó que para conformar el directorio de la compañía, se debía confeccionar un inventario para así, poder saber cuánto vale la firma minera.

Está medida va a de la mano, también, de otro criterio: a Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima se le van a transferir los activos, créditos, marcas, registros, patentes y demás bienes materiales o inmateriales que formen parte del patrimonio de YCRT.

Uno de los pasos previos, fue sanear el CUIT de la empresa: se pagó una deuda de 22.000 millones de pesos que administraciones anteriores dejaron.

Sin embargo, aún con cuentas más saneadas la dependencia de la Casa Rosada es total. Durante el 2025, se le enviaron por mes a la empresa minera unos 6.500 millones de pesos. La cifra cubre los sueldos de 2.003 trabajadores entre administrativos y operarios, más el sector pasivos de YCRT.

Eso arroja un total de 45.000 millones de pesos que el Poder Ejecutivo envió a la compañía sólo para cubrir sus gastos corrientes. No hay excedente que genera Yacimientos que permita invertir en proyectos, en mejorar su producción. Es la ecuación que busca revertir el presidente Milei.

El problema que suma YCRT es su bajo valor. Desde la intervención a cargo de Pablo Gordillo Arriagada, se confeccionó un inventario general.

Entre aparatos, instrumentos, instalaciones, herramientas, equipamiento, maquinaria, rodados, muebles y otros, la valuación de bienes de la empresa es de los 40 millones de dólares.

En tanto los bienes de la Usina Termoeléctrica de 240 MW se encuentran por 90 millones de dólares.

A esa cifra hay que sumarle la tasación que por intermedio de la Agencia de Administración Bienes del Estado (AABE) realizó sobre los bienes inmuebles de YCRT, a los que les asignó un valor de 130 millones de dólares.

De esa manera, el valor de la futura Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, es de 260 millones de dólares: tres veces su déficit anual. Los números de la empresa son, en gran sentido, lo que condujo a Milei a incluirla en la lista de las firmas más deficitarias y que deben ser privatizadas.

En uno de sus informes, la SIGEN reflejó diversas irregularidades que se suman al complejo panorama de YCRT. Por ejemplo, el 92% de los ingresos ($ 35.200.000.000) corresponden a Transferencias Sector Público Corriente, es decir, a transferencias del Tesoro Nacional. “Lo señalado evidencia que la operatoria del YCRT, venta de carbón y venta de energía eléctrica, no resulta suficiente”.

El último informe elaborado por la Sindicatura y al que tuvo acceso Clarín se da cuenta de otros problemas que afronta YCRT. En primer lugar se determinó la “inexistencia de sistemas para la gestión de bienes de uso y de consumo que aseguren la adecuada salvaguarda del patrimonio físico en el ámbito de YCRT”, que de por sí ya cuenta con un bajo valor.

Sobre este punto, se señaló que no fue suministrado el inventario que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados. «La manera de registrar algunos de los activos impide establecer si están debidamente registrados y son pasibles periódicamente de cotejar las existencias físicas con los registros para verificar su coincidencia”, indica el documento de 60 páginas.

Deudas millonarias

La firma pública debe tributos nacionales y de la Seguridad Social por 14.774 millones de pesos y en concepto de Intereses otros 10.676 millones.

Al respecto, dice el informe de la SIGEN: “Estos montos incluyen retenciones practicadas a terceros y no ingresadas al Fisco, y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, es decir, aportes y contribuciones en su carácter de empleador”.

También se adeudan tributos provinciales y municipales. Impuesto Automotor e Impuesto Inmobiliario y Tasas al Municipio de Río Turbio por un monto -sin intereses- de casi 72 millones de pesos”.

El panorama financiero no es optimista. La SIGEN consignó que las partidas presupuestarias vigentes no contemplan previsiones específicas para la adquisición programada de bienes y servicios, lo que “condiciona la posibilidad de elaborar un Plan Estratégico de Compras en términos clásicos, dado que la hacienda no cuenta con una disponibilidad presupuestaria previsible o garantizada para tales fines”.

Mientras el Gobierno remitió más de 15.000 millones de pesos necesarios para cubrir casi 12.000 millones de gastos corrientes, sólo le ingresaron 41 millones de pesos.

Otro dato llamó la atención. Una consultora especializada en minería auditó a YCRT y los datos preliminares exponen que de 436 perforaciones, solo 13 reúnen los requisitos mínimos de calidad y trazabilidad “para ser utilizadas en una estimación formal de recursos, todas ubicadas en Cerro Dorotea/Mina 2”.

Ese informe especial sostiene que la mayoría de los pozos “carecen de datos completos (posición exacta, litología, densidad relativa, registros analíticos, o certificados de laboratorio)”. Además, “no existen registros originales verificables para gran parte de la información, lo que impide garantizar la validez e integridad de los datos”.

En consecuencia, la información “no cumple con los criterios de transparencia, materialidad y competencia profesional exigidos”.

La polémica Usina

La Usina Termoeléctrica “14 Mineros”, fue adjudicada en 2008 -por el gobierno de Cristina Kirchner- a Isolux Corsán, la firma cuya casa matriz se encontraba en España y que años después, admitió haber pagado sobornos durante cuatro años por ese proyecto energético.

La obra nunca se terminó y estuvo envuelta en varias denuncias de corrupción. De hecho, por el desvío de 256 millones de pesos que debían destinarse a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, responsable de alimentar de carbón a la Usina para que genera 240 Mw que se iban a inyectar al Interconectado Nacional, fue preso Julio De Vido en 2017.

El proyecto buscaba subsanar los problemas deficitarios de YCRT y otorgarle otro sentido -a largo plazo- al yacimiento de carbón. La obra fue adjudicada a una UTE liderada por lsolux Corsán en 857.341.128 dólares.

“Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a la empresa en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a 1.726.251.982 dólares”, explicitó una pericia oficial.

Conclusión: la usina habrá costado entre dos y tres veces más de lo que se había presupuestado originalmente.

El último informe de la SIGEN se refiere a la Central tras lo informado por la intervención de YCRT: “No está activa”.

Aunque la Usina no está en funcionamiento, la firma minera señaló que se le realizaron diversas adecuaciones. Pese a ello, dijo la SIGEN que “no está informado ni un plan de operaciones para poner en marcha la Central Térmica y tampoco cuál es el plan de producción de carbón, entre otros, necesario para alimentar la Central Termoeléctrica”.

El estado de seguimiento de la obra corrobora que “sigue inactiva desde noviembre de 2023, y se realizaron mantenimientos predictivos y preventivos a efectos de sostener su posible puesta en marcha. En diciembre de 2024, se realizó un análisis técnico-económico en la búsqueda de financiamiento, debidamente presentado a la Secretaría de Energía de la Nación”.

El Tren “fantasma”

Sin pasajeros ni itinerario, el tren turístico Eva Perón recorrió en 2015 (inaugurado por Alicia y Máximo Kirchner) unos pocos metros para su bautismo. Años después, se denunció como ejemplo de un entramado de convenios millonarios celebrados entre el ex Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Regional Santa Cruz. En total, para todo el programa denominado «puesta en valor del ramal ferroviario», se firmaron 453 convenios y 90 adendas por 443 millones de pesos.

El proyecto se presupuestó en casi 700 millones de pesos, unos 70 millones de dólares al cambio oficial de entonces, pero nunca se concluyó. La obra depende de YCRT, y ya la SIGEN había advertido de la existencia de “patrimonio comprometido” y “ausencia de información”. Pero, a su vez, las autoridades provinciales piden recuperar los materiales abandonados para salvar a la empresa de la expropiación.

A lo largo del nuevo informe oficial, se consignó que sobre el tren turístico “no se tiene ningún tipo de conocimiento por parte de la gestión saliente”.

Pese a ello se remarcó que este organismo de control “no puede dejar de mencionar las inversiones realizadas años atrás en el Tren en cuestión y que surgen de lo expuesto del Informe de auditoría integral emitido por esta SIGEN”, donde se habló del riesgo de pérdida patrimonial.

La intervención de YCRT señaló que “se han realizado gestiones judiciales tendientes a la recuperación del material ferroviario en custodia en distintas áreas geográficas de la provincia de Santa Cruz. En particular la Estancia Killik Aike”.