El senador Joaquín Benegas Lynch respondió este jueves al pedido de una legisladora del peronismo para que se le impidiera participar en la votación de la Ley de Tierras, debido a un supuesto conflicto de intereses vinculado a su empresa que gestiona la venta de campos argentinos a extranjeros.
Durante una cuestión de privilegio antes del inicio del debate sobre el proyecto presentado por el Gobierno, Benegas Lynch calificó de “alejado de la realidad” el planteo formulado por Juliana Di Tullio. “Desde que estoy en esta banca, lo que votamos es oxigenar al sector privado, el único capaz de generar riqueza, arriesgar capital, invertir, producir y crear empleo”, afirmó.
El senador de La Libertad Avanza replicó con ejemplos: “Si aplicamos este criterio, deberían abstenerse quienes tienen empleados al votar una ley de modernización laboral, o quienes exportan al tratar un acuerdo comercial. Si alguno de ustedes exporta aceitunas o cualquier otro producto, no podrían votar ni a favor ni en contra”. Hizo además alusión a médicos con clínicas privadas en debates de salud, cuestionando que eso los inhabilite para legislar.
Benegas Lynch recordó que el artículo 55 de la Constitución Nacional exige que los senadores “disfruten de una renta anual”, porque los constituyentes de 1853 buscaron que no vivieran únicamente de la dieta parlamentaria. “Aquí hay personas sentadas en la banca hace casi 30 años, cobrando de todos los contribuyentes. La independencia que hoy se presenta como sospecha es un requisito constitucional”, enfatizó y añadió que, por esa lógica, tampoco debería haber votado nada, dada su representación del sector privado.
El miércoles, Juliana Di Tullio presentó ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, un pedido para que Benegas Lynch se abstuviera e inhabilitara inmediatamente para intervenir, debatir, firmar dictámenes y votar sobre la propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El legislador reconoció ser fundador y socio mayoritario de Glocal Terra SRL, empresa dedicada al asesoramiento a inversores y administración de campos, con domicilio en la avenida Santa Fe 700, Ciudad de Buenos Aires, y operativa desde 2020.
Sin embargo, el pedido de inhabilitación perdió efecto cuando el oficialismo retiró del proyecto el artículo que modificaba la Ley de Tierras. “El capítulo III no se votará hoy. La senadora hizo la presentación sabiendo que no se iba a votar. Pero esto es la vieja política. Me metí en esto, así que no me quejo; es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando a medida que avancemos enfrentando a quienes destruyeron Argentina durante más de dos décadas”, manifestó Benegas Lynch.
En defensa del ya eliminado capítulo III, que prohibía la venta de tierras a Estados extranjeros, el senador afirmó que la norma vigente producto del kirchnerismo “permitía que un Estado comprara con límites, y todavía lo permite”. Denunció además que “la expresidenta hoy condenada y presa (Cristina Kirchner) concesionó por 50 años una empresa con participación estatal extranjera en la Patagonia”.
Subrayó que la reforma impulsada “cierra el grifo a los Estados extranjeros, empresas y fondos soberanos, y abre la puerta a la inversión privada, tanto nacional como extranjera”. Afirmó que el 95% de las tierras rurales están en manos argentinas, y recordó que desde la reglamentación de la ley en 2012 “el valor de los campos cayó un 50%. Hoy, familias o empresas deben vender a precio de descuento”.
Al explicar quiénes han adquirido esos terrenos, señaló a “los Lázaro Báez de la vida, con 415 mil hectáreas en la Patagonia, y a sindicalistas que poseen campos en Buenos Aires que ni el empresario más pudiente puede comprar. Los miles de millones robados están en esas compras”.
Finalmente, lamentó la eliminación del capítulo III del proyecto y criticó “el show mediático, la presión de la izquierda más radical y la ignorancia de los tibios del medio”, factores que, advirtió, “nos llevan lamentablemente a no poder votar esta norma, que beneficia a todos los argentinos”.
