Nov 16, 2026 Sistema de Noticias Economia
El Gobierno introdujo cambios en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 1366, publicado en el Boletín Oficial y vigente desde ese lunes. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según los fundamentos citados en la disposición, las modificaciones buscan precisar aspectos de la reglamentación a partir de la experiencia de implementación.

Uno de los ajustes amplía el universo de proveedores locales: podrán entrar en esa categoría las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en la Argentina, aunque sus accionistas sean extranjeros o su capital provenga del exterior. Para las empresas que suministren bienes, y no únicamente servicios, se exigirá además que cumplan las reglas de origen nacional del Mercosur.
El decreto también permite que se computen como divisas del proyecto los aportes o financiamientos ingresados desde el exterior por accionistas directos o indirectos, socios o integrantes de una Unión Transitoria, siempre que quede acreditado en la contabilidad que se destinaron a la iniciativa adherida. A su vez, una compraventa posterior de acciones no hará perder los beneficios ya obtenidos, pero tampoco contará para alcanzar el monto mínimo de inversión requerido. Los socios de una Unión Transitoria podrán ceder participaciones o incorporar nuevos miembros sin afectar el proyecto.
Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la norma separa las metas parciales de cada etapa del compromiso total y establece una fecha límite común, ajustada a las prácticas de cada sector, para completar la inversión mínima global en activos computables. La cobertura señala que hasta ese momento había ocho proyectos de este tipo, concentrados en energía y minería, con inversiones previstas superiores a los 2.000 millones de dólares por iniciativa.
En paralelo, el Ministerio de Economía incorporó al RIGI el parque eólico Vientos La Rinconada, previsto a unos 40 kilómetros de Olavarría. El proyecto contempla una inversión de 230,7 millones de dólares y una potencia instalada de 94,5 megavatios. La resolución establece que deberá ejecutarse el 40% de la inversión computable en cada uno de los dos primeros años y alcanzarse el mínimo exigido antes del 31 de marzo de 2027. La instalación se conectará al sistema interconectado nacional y tendrá como objetivo principal abastecer a Siderca, en Campana.

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