El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este miércoles una garantía de hasta 550 millones de dólares para que Argentina pueda negociar créditos con bancos privados, incorporando así un nuevo instrumento para financiar los próximos vencimientos de deuda sin utilizar las reservas internacionales.
“El Directorio Ejecutivo del BID aprobó hoy una garantía que ayudará a movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento externo. Esta es la primera garantía otorgada por el BID para Argentina en apoyo a importantes reformas”, afirmó Ilan Goldfajn, presidente del banco.
Según el organismo, este aval fortalecerá las políticas de seguridad y justicia en el país y mejorará el acceso de Argentina a los mercados financieros, en línea con los objetivos del programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este respaldo es el segundo que reciben las autoridades argentinas de un banco multilateral en las últimas 48 horas. El Banco Mundial aprobó el martes dos garantías por un total de 2.000 millones de dólares para facilitar negociaciones de créditos con bancos privados.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió esta tarde en el Palacio de Hacienda a Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para la región, para analizar las garantías y el programa vigente con la entidad.
“La tasa de interés será sustancialmente menor que la actual tasa de mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”, indicó Caputo.
Posteriormente, el funcionario participó en la Quinta de Olivos de una reunión encabezada por el presidente Javier Milei, junto con Cordeiro Guerra y su equipo. También estuvo presente el canciller Pablo Quirno.
En abril, el Gobierno solicitó garantías al Banco Mundial, al BID y a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para conseguir un “puente financiero” de 4.000 millones de dólares. El objetivo principal es cubrir el pago del vencimiento del 9 de julio, cuando debe cancelar 4.300 millones de dólares a los bonistas, sin afectar las reservas acumuladas en el primer semestre.
Las garantías del Banco Mundial permitirán financiarse a un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años sin pago de intereses. Hace dos meses, Caputo estimaba que la tasa de interés de estos préstamos con garantías rondaría entre 5,5% y 6,5% anual, aunque ahora podría ser menor.
Este costo resulta significativamente inferior al que enfrenta Argentina actualmente en los mercados financieros, donde debería afrontar tasas cercanas al 8,5% o 9%, con un riesgo país en torno a los 435 puntos básicos. Por esta razón, el Gobierno sostiene que todavía no es el momento de emitir deuda en Wall Street.
Por otro lado, el Ministerio de Economía logró captar más de 3.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos en dólares en el mercado local. El respaldo de los bancos multilaterales le permitirá cubrir el resto del vencimiento y, en los mercados, se considera que la disminución del riesgo país desde los 500 puntos abrió una “ventana” favorable.
**Apoyo del BID**
Según el comunicado oficial del BID, el financiamiento respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas implementadas por el Gobierno argentino destinadas a reducir la impunidad de los delitos asociados a organizaciones criminales.
“El programa busca fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para mejorar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de activos de origen ilícito”.
Este proyecto, enmarcado en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, contempla un enfoque integral que incorpora un programa basado en resultados, orientado a fortalecer las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la investigación e inteligencia criminal.
“El costo directo del crimen y la violencia en Argentina se estima en 3,9% del PIB, cifra que supera el promedio regional, según estimaciones del BID. PROSEJUS contribuirá al crecimiento económico sostenible del país al reducir la impunidad y disminuir la criminalidad y la violencia asociadas al crimen organizado, al tiempo que fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, concluyó el organismo.
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