A pesar de no ser funcionario, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, mantiene una custodia oficial por tiempo indefinido. Así lo informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien justificó la medida «por motivos de seguridad», aunque no precisó si el exjefe de Gabinete denunció ante la Justicia haber recibido amenazas o haber sido víctima de algún hecho violento.
Esta decisión discrecional había sido cuestionada por la diputada Marcela Pagano, quien presentó dos denuncias en la Justicia Federal contra Adorni y autoridades del Ejecutivo. La primera, por supuesto peculado y malversación de fondos públicos, fue radicada en el juzgado federal nº 9; la segunda, tras constatar que el contador platense contaba con custodia de Gendarmería en inmediaciones del country Indio Cua, dirigida también contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Pagano aportó fotografías recientes, tomadas cuando Adorni ya no formaba parte del Ejecutivo, que muestran los puntos fijos de la custodia al exvocero: una camioneta de la Policía Federal estacionada a pocos metros de su departamento en la calle Miro, en Caballito, y un móvil de Gendarmería Nacional frente al ingreso a Indio Cua, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Según la denuncia judicial, los uniformados pertenecen al «Escuadrón Seguridad Vial Autopista Noroeste – sección Seguridad Vial Autopista del Oeste de Gendarmería Nacional», en virtud de una orden fechada el 6 de julio que dispone el inicio de una consigna de seguridad en los accesos al complejo, motivada por «posibles hechos de alteración del orden público».
Cuando la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) realizó una movilización en las puertas de Indio Cua, Adorni comunicó en el chat de propietarios del country que tomaría medidas para evitar incidentes. Horas después, efectivos de Gendarmería comenzaron a custodiar el lugar.
Marcela Pagano advirtió sobre la falta de respaldo legal para esta custodia: “No tiene derecho legalmente a tener custodia. Pero en el country se eligió esa figura, que no tiene razonabilidad y es un ardid para dotar de legalidad a una custodia personal ilegal”. Además, señaló que en las últimas horas se conocieron quejas por parte de los gendarmes, quienes reclaman no haber recibido pagos adicionales por esta tarea, claramente ordenada desde instancias superiores.
Por su parte, Javier Milei había anticipado la continuidad del operativo de seguridad que protege a Adorni y su familia. En una entrevista posterior a la renuncia del exfuncionario, el economista justificó la salida del platense argumentando que estaba cansado de “ataques personales y agresiones hacia su mujer y sus hijos”. Sin embargo, el Gobierno no informó si esos hechos fueron denunciados judicialmente. “Que lo insulten no es justificativo para que tenga custodia oficial”, concluyó Pagano.
En el entorno de Adorni, propietario de Indio Cua, se justificó la protección oficial alegando que podría ser objeto de agresiones debido a su paso por el Gobierno.
Otra novedad en la conferencia de prensa de Ravier fue la contradicción respecto a una posible auditoría interna por las irregularidades relacionadas con gastos realizados con tarjetas de crédito por subordinados de Adorni. La Justicia reveló que al menos dos empleados utilizaron dichas tarjetas para pagar bienes suntuarios destinados a la casa de fin de semana familiar en Exaltación de la Cruz.
Hace una semana, consultado sobre la existencia de una investigación interna, Ravier respondió: “Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás”. Sin embargo, este martes negó que se lleve adelante una auditoría interna y afirmó: “El tema está claramente en la Justicia, estas personas tienen que declarar. No hay un mecanismo aparte nuestro”.
Se especula que Ravier habría recibido algún tipo de reproche de los hermanos Milei, quienes públicamente defienden al exvocero. En tanto, en la planta baja de Casa Rosada se manifiesta sorpresa ante la actitud de Adorni de haber hecho facturar gastos personales a sus empleados.
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