Hay una frase que se repite como consigna desde el poder en Argentina: «no odiamos lo suficiente a los periodistas». No es una ocurrencia aislada ni una salida de tono en un mal día. Es, según muestran los propios registros de la actividad presidencial en redes sociales, una política sostenida: entre el 17 y el 23 de agosto de 2026, el presidente Javier Mileireprodujo más de 300 mensajes contra la prensa, cargados de insultos, acusaciones sin sustento y llamados que rozan la incitación al odio hacia quienes ejercen el periodismo. No hace falta buscar demasiado para encontrarlos ejemplos.
Al periodista Manuel Jove lo llamó «mierda humana» por señalar imprecisiones en un discurso presidencial. Al columnista Marcelo Bonelli le dedicó el mismo insulto, agravado, luego de que publicara una nota que el Gobierno prefería que no circulara. A otros los calificó de «ignorantes» e «imbéciles» simplemente por cuestionar la política económica oficial.
La lista de destinatarios crece cada semana: Carlos Pagni, Viviana Canosa, Lucina Geuna, Romina Mnguel y Ernesto Tenenbaun entre otros. El patrón es siempre el mismo: se cuestiona algo desde el periodismo, y la respuesta oficial no es el dato, el desmentido documentado o el silencio, sino el insulto amplificado por una tropa digital organizada para intimidar.
Este comportamiento importa más allá del mal gusto o la falta de mesura, porque cuando el jefe de Estado no solo se limita a insultar, sino que además impulsa, junto a su ministro de Economía, una ley para sancionar a los periodistas que publiquen «información inexacta», el problema deja de ser retórico.
Cuando su entorno le reclama públicamente que use el aparato del Estado para «meter preso a algún periodista por decreto», y esa idea circula sin que el primer mandatario la repudie con claridad, el asunto trasciende el exceso verbal y se convierte en un intento de usar el poder para silenciar a la prensa crítica.
Y cuando el propio presidente denuncia penalmente a periodistas por calumnias e injurias figura que en Argentina no prevé cárcel desde 2009, gracias a una reforma motivada por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que se persigue no es la Justicia sino el desgaste, el miedo y el silenciamiento por vía judicial. La amenaza a la libertad de prensa no es, en este contexto, un asunto menor ni una disputa gremial; es una violación directa de las obligaciones internacionales que Argentina ha suscrito.
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido enfáticas en que la libertad de expresión es un pilar irremplazable de todo sistema democrático, y el propio fallo que motivó la reforma de 2009 estableció que el derecho a la libertad de expresión no puede ser restringido mediante el derecho penal, especialmente cuando se trata de discursos sobre asuntos de interés público. Al promover proyectos de ley para sancionar la «información inexacta» o al impulsar denuncias penales, el gobierno actual no solo ignora el espíritu de esa reforma, sino que desafía abiertamente la doctrina de un tribunal al que Argentina debe acatamiento, exponiendo al país a nuevas condenas internacionales y debilitando su credibilidad como Estado democrático.
Para comprender la gravedad de esta deriva, vale la pena hacer un ejercicio de memoria histórica y comparar la conducta del presidente Milei con la de un demócrata como Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia en plena transición democrática tras la dictadura más sangrienta que sufrió el país. Alfonsín entendió que la reconstrucción de la democracia era inseparable del respeto a las instituciones y, fundamentalmente, a la prensa libre.
Mientras el actual gobierno utiliza el insulto como moneda corriente y el poder punitivo como amenaza, Alfonsín promovió el debate y la crítica. Aunque por momentos se sintió incómodo con el escrutinio mediático especialmente en los años de hiperinflación y asedio militar jamás convirtió al periodista en un enemigo a batir.
Por el contrario, Alfonsín supo que la prensa crítica era el mejor antídoto contra los totalitarismos que la Argentina había sufrido. Para él, el periodismo no era «la casta» o el enemigo; era el contralor necesario que garantizaba que el poder no se corrompiera. Un presidente puede, como cualquier ciudadano, disentir con un periodista, desmentirlo con datos, incluso enojarse.
Eso es lo que hizo Alfonsín cuando respondió a críticas con argumentos o, en algunos casos, con el silencio. Lo que no puede hacer sin dañar la institucionalidad democrática es usar el insulto sistemático como política de comunicación de Estado, ni impulsar mecanismos legales para castigar la crítica.
Donde Alfonsín veía un pilar republicano, el gobierno actual ve un obstáculo a eliminar. Esa es la línea divisoria entre un gobierno que tolera la prensa incómoda y uno que la persigue. No es un matiz estilístico: es la diferencia entre una democracia que funciona y una que empieza a resquebrajarse. No es casual que voces de distinto signo político, desde diputados de la oposición hasta organizaciones de periodistas, hayan salido a repudiar esta escalada.
Tampoco es casual que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado en el pasado a la Argentina por intentar
castigar penalmente el ejercicio del periodismo. La historia, incluida la reciente, enseña que los gobiernos que más insisten en que «la prensa miente» suelen ser, también, los que menos toleran que se les pregunte. Defender la libertad de prensa hoy no es tomar partido por un medio o por otro, ni por un periodista en particular. Es defender el derecho de la sociedad a estar informada sin que el poder de turno decida qué se puede decir y qué no.
Es honrar la tradición democrática que Alfonsín ayudó a construir y que el gobierno actual parece decidido a demoler. Cuando esa libertad se debilita, no pierde solo el periodismo: pierde toda la ciudadanía.
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