El proceso militar contra Khalid Sheikh Mohammed y otros acusados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 sigue sin llegar a juicio. Un juez estableció como fecha de inicio el 5 de junio de 2028, aunque familiares de las víctimas expresaron dudas sobre que el calendario pueda cumplirse. La causa lleva décadas atravesada por disputas sobre la validez de las pruebas y por cambios en la estrategia judicial del gobierno estadounidense.
Las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios son un punto central del conflicto. Jueces militares descartaron confesiones clave al considerar que fueron precedidas por torturas y años de aislamiento bajo custodia de la CIA. Mohammed fue sometido, entre otros abusos, a ahogamiento simulado en una prisión clandestina. Más tarde, las autoridades intentaron reunir nuevas declaraciones en Guantánamo mediante equipos federales, pero esas pruebas también fueron cuestionadas.
Tras revelar en 2006 la existencia de centros secretos de detención, el gobierno de George W. Bush trasladó a los acusados a Guantánamo y buscó obtener nuevas confesiones. Aunque les comunicaron que podían negarse a declarar, no tenían acceso a abogados y no se les explicó que las declaraciones anteriores no podían utilizarse en su contra. La administración de Barack Obama propuso llevar el caso a un tribunal civil en Nueva York, pero el Congreso bloqueó el uso de fondos para trasladar a los acusados a Estados Unidos y el proceso volvió a la justicia militar.
La exclusión de las declaraciones dio lugar a años de apelaciones. En 2018, el primer juez militar del caso rechazó confesiones obtenidas por los equipos federales. Los litigios posteriores examinaron el programa de interrogatorios y el trato infligido a los detenidos. La decisión más reciente mencionada en la cobertura descartó las declaraciones que aún quedaban por resolver, lo que dejó a la fiscalía sin esas pruebas para sostener su caso.
En 2024, la fiscalía había alcanzado acuerdos con Mohammed y otros dos acusados: a cambio de admitir su participación en la conspiración y responder preguntas escritas de familiares de las víctimas, recibirían condenas a cadena perpetua. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anuló esos pactos. Aunque tribunales inferiores discreparon sobre si podía hacerlo, el 19 de octubre la Corte Suprema decidió no revisar esa facultad. Los acuerdos quedaron sin efecto y el juicio continúa previsto para junio de 2028.
