La Argentina comenzó a exponer ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su pedido para que se detenga el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se realizan en Hamburgo y se extenderán hasta el miércoles. Según la cobertura, es la primera vez que el país lleva ante un tribunal internacional una controversia con el Reino Unido vinculada con la soberanía de las islas.
La presentación forma parte del arbitraje iniciado por el Gobierno contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Como el tribunal arbitral aún no está constituido, el 13 de octubre la Argentina pidió medidas provisionales. Entre otros puntos, busca impedir que empiece o continúe la extracción de hidrocarburos, evitar que se agrave la disputa y que el Reino Unido deje de obstaculizar las obligaciones argentinas de protección del medio marino.
El argumento del Gobierno es que el avance de la explotación podría consolidar una situación difícil de revertir y causar un perjuicio irreparable a los derechos que reclama la Argentina. Las empresas proyectan iniciar perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028; se trata de fechas previstas, no de actividades ya realizadas. La urgencia del pedido se explica, según el planteo argentino, por la espera que implicaría la conformación del tribunal arbitral.
El resultado de las audiencias todavía no está definido. El Ejecutivo contempla que el Tribunal acepte todo el pedido, disponga algunas medidas o lo rechace por considerar que no se cumplen las condiciones de urgencia o jurisdicción inicial. También estima que la decisión podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, aunque ese plazo no es obligatorio. El Gobierno sostiene que, aun si no obtiene las medidas, el arbitraje seguirá adelante y podría solicitar cautelares más adelante.
En paralelo, el Gobierno informó que envió más de 180 comunicaciones para desalentar la participación de empresas y proveedores relacionados con Sea Lion y otros proyectos en la zona disputada. También abrió 60 procedimientos sancionatorios, sin que se hayan aplicado penalidades definitivas, y presentó denuncias penales. A la vez, un proyecto de ley sobre defensa de la soberanía nacional obtuvo dictamen en Diputados, aunque persisten diferencias sobre las facultades y el control parlamentario del organismo de seguridad que propone crear.
