A pesar de que el Gobierno implementó en las últimas semanas un mecanismo para transferir la jurisdicción de rutas nacionales a las provincias de Santa Fe y San Juan, en respuesta al reclamo de las autoridades locales por el deterioro de sus tramos, la Justicia ordenó al Ejecutivo reparar «de manera inmediata e integral» las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento santafesino de General López, pese a que estas vías estén concesionadas. En particular, en uno de los tramos de la ruta 33, que conecta Rosario con Bahía Blanca, los accidentes aumentaron un 30%, según señaló a Clarín el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella.
La resolución judicial, que confirma el amparo presentado en 2025 por la senadora provincial Leticia Di Gregorio (UCR), fue firmada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa. El magistrado rechazó los argumentos de Corredores Viales y del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, que se negaban a asumir la responsabilidad por las obras. En consecuencia, intimó a Vialidad Nacional a cumplir con el fallo.
Esta intervención judicial surge en un contexto en el que el Gobierno es cuestionado por la paralización de la obra pública y por el uso del SISVIAL, un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con el fin legal de financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. Sin embargo, miles de millones de pesos de este fondo han sido desviados para financiar gastos del Tesoro, en lugar de destinarse a sus objetivos originales. El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que esos fondos se emplearon para “lograr el equilibrio fiscal”, aunque este martes intentó matizar señalando que también se destinan al bacheo de las rutas.
Esta presunta irregularidad motivó que la diputada Victoria Tolosa Paz denunciara al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, responsable del fideicomiso, por presunta malversación de caudales públicos. Previamente, Tolosa Paz había presentado un recurso de amparo ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata para asegurar las obras en los tramos bonaerenses de las rutas 3 y 5. “El dinero de las rutas debe volver a las rutas, no a la timba de Caputo”, expresó la exministra.
Precisamente, la Justicia santafesina confirmó este martes el amparo presentado por la senadora radical. “El año pasado este mismo juez nos otorgó una medida cautelar para realizar bacheo en las tres zonas más peligrosas, pero Vialidad no completó las obras porque ‘no había plata’. Ahora se dictó la sentencia definitiva. Si bien el Gobierno puede apelar, deberá ejecutar los trabajos”, afirmó Di Gregorio a este medio.
El juez Cuello Murúa reprochó a las empresas estatales involucradas la “omisión prolongada en tareas de mantenimiento y conservación, necesarias para garantizar la transitabilidad plena de las rutas en cuestión, realizada con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.
La legisladora provincial explicó que estas tres rutas atraviesan la zona sur de Santa Fe, donde se forma la característica “bota” de la provincia. Además, aclaró que no existen contradicciones con el acuerdo firmado hace semanas entre el gobernador Maxi Pullaro y la Casa Rosada, ya que el Ejecutivo cedió la ruta A012, una circunvalación de Rosario de poco más de 60 kilómetros, que conecta con los puertos, es fundamental para la producción y estaba en grave deterioro.
Desde 2025, varias jurisdicciones vienen denunciando el mal estado de las rutas, con pozos y ondulaciones que no solo incrementan los accidentes, sino que también complican la logística del sector agroexportador. “En la ruta 33 hay un gran deterioro, es peligroso. Mucha gente prefiere usar rutas provinciales por temor, pero por ahí pasa el 70% de la producción. Por eso es importante que el juez haya establecido que las concesiones no liberan a Vialidad de su obligación de mantener las vías”, señaló el intendente Chiarella.
El dirigente también advirtió que no existe un verdadero “ahorro” para el Ejecutivo al postergar las obras, ya que se incrementan tanto los costos logísticos de las empresas exportadoras como los gastos hospitalarios derivados del aumento en la siniestralidad vial. “La producción es importante, pero aquí está en juego la vida de las personas. Da miedo transitar esas rutas”, concluyó.
Aunque el vocero Ravier intentó este martes bajar la tensión argumentando que el sistema de concesiones viales es similar al implementado en países como Chile y Perú, donde las rutas nacionales se financian con inversiones privadas y no con dinero público, los cuestionamientos continuaron.
Graciela Aleñá, representante del sindicato de Viales, recordó que el gremio viene denunciando desde hace dos años el desvío de fondos por parte del Gobierno, con graves consecuencias para el sistema vial argentino y para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
