El escándalo por los aumentos de sueldos en un municipio bonaerense llegó a la Suprema Corte: se defiende el intendente

Jun 18, 2026 Sistema de Noticias Policiales

El aumento salarial a los empleados municipales de General Alvear, en el interior de la provincia de Buenos Aires, se transformó en un escándalo político que llegó hasta la Suprema Corte bonaerense. El conflicto se desató tras la sanción de una ordenanza vetada por el intendente radical, un decreto cuestionado para sortear la decisión del Concejo Deliberante, y ahora un litigio judicial.

En marzo de este año, Ramón «Tito» Capra, intendente de General Alvear, acordó un aumento del 10% en cuatro tramos para los 519 empleados municipales, incluyendo a los doce concejales. Tras aplicar las primeras dos cuotas del 2,5% cada una, surgió la controversia. Un bloque de nueve concejales —cinco peronistas, tres de Nuevos Aires y uno de Potencia— logró superar a los tres concejales radicales y aprobar una ordenanza que impedía continuar con los incrementos para el intendente, su gabinete y los propios concejales.

La ordenanza N° 2685 estableció que “el intendente municipal, los concejales y todos los funcionarios de planta política no alcanzados por la Ley 14656 recibirán incremento alguno”, congelando sus haberes hasta octubre. Asimismo, fijó un tope salarial para los cargos del gabinete: “Los sueldos básicos de los Secretarios de Hacienda, de Gobierno, de Salud y de Obras y Servicios Públicos no podrán superar el 40% del salario del intendente municipal”.

Para el contador municipal, el sueldo básico quedó establecido en el 35% del salario del jefe comunal, mientras que para el tesorero y el jefe de compras, en un 30%. Además, la ordenanza limitó la facultad del Ejecutivo para otorgar bonificaciones. Actualmente, el intendente percibe alrededor de 5,2 millones de pesos mensuales, y los concejales, aproximadamente 1,7 millones por mes.

“Tengo ocho años en la gestión y 12 años como presidente del Concejo. Siempre establecimos los aumentos para los municipales de esta manera. Llegué en 2017 con 542 empleados; hoy, con más servicios, somos 519”, dijo Capra en diálogo con Clarín, defendiendo su gestión.

El intendente vetó la ordenanza, pero el Concejo Deliberante, con mayoría opositora, insistió en su aplicación. Ante esta situación, Capra acudió a la Suprema Corte bonaerense, que aceptó el recurso por “conflicto de poderes” y ordenó suspender la ordenanza que frenaba los aumentos mientras se analiza el caso.

“No es cogobierno, me vieron obligado a recurrir a la Suprema Corte porque afectaba el salario de los jubilados”, afirmó Capra, quien destacó que “siempre paga los sueldos entre el 28 y 29 de cada mes” y que, pese a las dificultades económicas, abonará el aguinaldo.

General Alvear, con una población de 12.800 habitantes, se encuentra en el interior bonaerense. Los concejales opositores acusan al intendente de replicar argumentos similares a los utilizados en el municipio vecino de Tapalqué y sostienen que su ordenanza “estableció una excepción que no desfinancia la economía municipal”.

Además, argumentan: “La motivación fue contundente ante la precariedad salarial del personal municipal y las cifras exuberantes que cobran los funcionarios, sumado a sobresueldos disfrazados de ‘bonificaciones por cargo o función’. El intendente continúa generando una brecha injusta, vulnerando el principio de igual remuneración por igual tarea, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

En su resolución, la Suprema Corte aplicó el artículo 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y ordenó la suspensión de las ordenanzas 2685/26 y 2687/26 dictadas por el Concejo Deliberante de General Alvear hasta que se disponga una decisión definitiva.

“Corresponde disponer la suspensión de los efectos de dichas ordenanzas hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto”, establece la resolución firmada por los jueces Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres.

Con esta decisión, el máximo tribunal bonaerense intervino en el conflicto de poderes, y ahora el presidente del Concejo Deliberante, el peronista Alberto Alaníz, deberá responder la demanda y presentar los argumentos que sostienen la aprobación y insistencia en las ordenanzas cuestionadas.