Cuadernos de las Coimas: un empresario complicó más a Roberto Baratta y Angelo Calcaterra y otros se negaron a declarar

Abr 01, 2026 Sistema de Noticias Politica

El caso Cuadernos que desnudó un esquema de recaudación de sobornos, avanza en esta etapa de indagatorias con los empresarios, señalados por el delito de cohecho activos, es decir: el pago de coimas. Entre los citados a declarar para este martes, se encontraban Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri-, Benito Roggio, Alberto Taselli, entre otros. Este último, admitió la entrega de dinero, las exigencias de Roberto Baratta y la presión de la gestión kirchnerista: «era una apretada» dijo ante los pagos de U$S 300.000.

El Poder Ejecutivo de la Nación y terceras personas que “conformaron la asociación ilícita evidencia la necesidad, a esta altura, de separar el análisis de los elementos probatorios y de los aportes realizados por los imputados colaboradores, con el objeto de esclarecer, con mayor precisión, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo los hechos”, sostiene la acusación.

Es la tesis central que condujo a Cristina Kirchner al banquillo de los acusados, junto a otros 19 ex funcionarios y 65 empresarios.

Es el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli es el responsable de llevar adelante este juicio, con la intervención de la fiscal general, Fabiana León.

Para la fiscalía, se conformó “una empresa delictiva que operó entre los años 2003 y 2015”.

El circuito de coimas, tuvo un rol esencial que fue el cohecho activo, esto es: los responsables de pagar los sobornos. Los responsables de cumplir con esta instancia clave en el caso, fueron los 65 empresarios imputados en el expediente.

Para este 31 de marzo se citó a indagatoria a: Ángelo Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, Alberto Tasselli, Hernán Del Río, y Aldo Benito Roggio y Raúl Víctor Vertúa.

El primo del ex Presidente Macri, y el resto de los empresarios se negaron a prestar declaración indagatoria. A diferencia de Juan Carlos Lascurain.

Mientras el empresario Carlos Mundin de la empresa BTU durante su declaración indagatoria sentenció que lo que escribió Centeno “fue un invento”, en relación a los cuadernos donde -según determinó la justicia-, especificó lugares de encuentro, fechas, horarios y la reiterada metodología de recaudación de coimas, otro de los empresario admitió haber realizado los pagos de sobornos.

La explicación técnica de Alberto Taselli ante el TOF 7 fue extensa y técnica respecto a los insumos para la distribución energética, que proveían al Estado por intermedio de su empresa Faraday. Entre los sucesos relatados dijo: “Quisiera confirmar que Baratta me llamó en un momento por teléfono y me solicitó un aporte para la campaña”.

Al avanzar en su relato recordó los días que estuvo preso en el penal de Marcos Paz hasta que se convirtió en imputado colaborador. Se refirió en un tramo de su exposición, al rol de Roberto Baratta y dijo que de manera “insistente realizada los pedidos de dinero” y que a veces por el tono y las formas “eran apretadas”.

Cuando se ahondó sobre esas entregas de dinero, señaló que respondían a fondos requeridos “para la campaña y me mostró un papelito sobre el escritorio con un 1. Me extrañó un poco la cosa, traté de ver qué era eso. ‘No, mirá, esto es para la campaña’, me dijo”. La situación generó desconcierto en el empresario porque “era una cifra que no sabía en qué moneda estaba”.

En su defensa, Taselli añadió ante los jueces y la fiscalía, que estaba “prácticamente obligado a aceptarlo, porque mi único cliente era el Estado”.

El funcionario Nelson Lazarte era quien lo llamaba para exigirle el dinero, «para mí Lazarte recibía órdenes» de Baratta, aclaró Taselli.

La exclusividad de Faraday correspondía a que eran los únicos que podían producir a gran escala máquinas de 500 kV, “no había quien más pudiera comprarme esos equipos”, dijo el empresario de nacionalidad italiana.

Sin correrse de lo que confesó ante el fiscal federal, Carlos Stornelli y que después homologó como un acuerdo de colaboración el juez Claudio Bonadio, Taselli dijo que se sorprendió cuando le llegó el pedido de dinero, “y porque se materializó a través de Baratta, era una persona que no tenía nada que ver con la licitación, de transformadores no entendía absolutamente nada”, agregó.

Ante el TOF 7 reconoció un total de seis entregas de dinero “fueron en pesos”, pero cuando hice el primer pago le llegó la primera advertencia: “Me dijeron que no me haga el boludo”, indicando que le reclamaban el pago en dólares. “Yo lo hacía en pesos porque era lo que teníamos en ese momento”, añadió.

El responsable de llamarlo y de propinarle aquella aclaración, fue Baratta. Al respecto Taselli agregó,“esto no es menos que una apretada. Toda mi entrega fue siempre en pesos, por más que él me exigiera dólares. Yo sentía que estaba frente a una exigencia”.

Cuando el juez Germán Castelli le preguntó sobre los pagos dijo, “A mí me dijeron que era para la campaña, después si la usaron para otra cosa yo no lo sé. Yo tengo que contar lo que me dijeron: no puedo cambiar la versión de la situación”. En ese sentido, relató, que sus pagos equivalieron a un total de 300 mil dólares, y que Nélson Lazarte, mano derecha de Julio De Vido, era el encargado de retirarlos.

Un día suspendió los pagos “porque no tenía más formas de hacerlo”. Pero con el correr del tiempo, dijo que lo “apretaban” para realizar esas entregadas de dinero. Sus palabras fueron: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

Reiteró un concepto durante varios minutos: “Estábamos obligados a hacerlo porque era el Estado, era mi único cliente, y si yo dejaba de hacerlo estábamos en peores condiciones. Todos los meses teníamos que pagar los sueldos, que nunca dejé de pagarlos en 35 años”.

Al concluir, en un tramo de su indagatoria, expresó: “Realmente estoy indignado. He tenido que pagar lo que he pagado (…) y realmente creo que no lo merecía” y negó haber recibido alguna contraprestación como resultado de los pagos que realizó.

Para la justicia federal, ciertos integrantes de la organización criminal acordaron con los “responsables de empresas nacionales e internacionales el pago de sumas de dinero con el fin de que los funcionarios que integraban la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dichas empresas”.

Así versa en la acusación: “En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo”.

Eran sobornos

En el cuadro de acusaciones, se señaló que las erogaciones realizadas por los empresarios de diversos rubros, “no se trataron de una mera dación, por cierto de importantes cantidades de dinero, desconectadas de todo beneficio pretendido por el dador, sino por el contrario, de un acuerdo corrupto, entre privados y funcionarios públicos, es pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.

Ese dinero, “que aquí se enmarca en un ilícito sistema de recaudación, era en procura de que el funcionario público haga algo relativo a sus funciones: liberar un pago, adjudicar una obra, extender una concesión o un plazo, una renegociación de concesión o la obtención propia de subsidios, en definitiva, el compromiso de colocar en alguna situación de privilegio y/o favorecer a la empresa cohechante, sea frente a un pago, a una concesión, una adjudicación y/o contratación, a cambio del pago de un retorno de parte de ese ilícito beneficio.”, dice la acusación.