El oficialismo confía en que tiene los votos para aprobar en Diputados la reforma a la Ley de Glaciares -que ya tiene media sanción del Senado- pero antes deberá enfrentar, el miércoles y jueves, dos jornadas de audiencias públicas cargadas de conflicto.
Este jueves Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas presentaron un amparo ante la Justicia por la forma en que se llevará adelante el proceso, y la escena se está replicando en tribunales federales de las provincias. Mientras, la Cámara de Diputados lanzó una opción virtual para los que quieran cargar ahí sus ponencias.
Como contó Clarín, el conflicto surgió porque se inscribieron más de 80 mil personas -alentadas por las fundaciones que se oponen a la modificación de la norma- y La Libertad Avanza se negó a extender las jornadas. Por lo contrario, planteó que se podrán enviar exposiciones por escrito o grabadas e incluso cargarlas en la «comunidad» de la Cámara de Diputados en Youtube.
«Ya somos una cancha de River llena. La audiencia pública no puede hacerse en dos días, y mucho menos violando la oralidad, reemplazándola por videos o escritos. No es participación, es simulación», sumó presión este viernes diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
YA SOMOS 100.000 EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE GLACIARES
Ya somos una cancha de River llena.
La audiencia pública no puede hacerse en dos días, y mucho menos violando la oralidad, reemplazándola por videos o escritos.
No es participación, es simulación. pic.twitter.com/GjuX5uL0YA
— maxi ferraro 
(@maxiferraro) March 20, 2026
El primer amparo -presentado por otra organización en soledad- que había sido presentado el 16 de marzo fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, lo celebró en redes. «Que las audiencias públicas son ilegítimas es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana», tuiteó seguido de un hilo en el que plantea distintos argumentos.
La situación escaló después de que los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Mayoraz respectivamente, enviaran una nota informando que «la magnitud de las inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable».
A raíz de eso hicieron una selección dentro de los primeros inscriptos para que 200 expongan el miércoles presencialmente y otros 200 el jueves vía zoom. Tomaron en cuenta que haya referentes de las 23 provincias y de CABA.
Este jueves un nuevo escrito fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina. Recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Enrique Lavié Pico.
Solicitaron una «readecuación del cronograma» y exigieron que «el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública».
Por su parte, en el oficialismo apuntan que «se cumplen todos los recaudos exigidos» y que el decreto que regula las audiencias públicas no aplica en este caso porque «regula audiencias del Poder Ejecutivo y no del Congreso». Plantean que la Justicia no puede imponerle al Parlamento cómo debatir.
Lo cierto es que, más allá de como se resuelvan los nuevos amparos, también se va a solicitar la declaración de nulidad de la decisión de los presidentes que organizó este sistema de audiencias.
A su vez, si la ley efectivamente se aprueba, a mediados de abril, la judicialización será de la norma entera. Dirigentes opositores y fundaciones aseguran que viola la Constitución al permitir una «regresión ambiental» y por avalar que las provincias decidan sobra la protección de glaciares, debilitando los «presupuestos mínimos» nacionales.
La ley actual protege todos los glaciares y el ambiente periglacial porque son reservas estratégicas de agua mientras que la reforma propone que sólo queden bajo protección estricta aquellos glaciares o geoformas que tengan un “aporte hídrico relevante y comprobable” a una cuenca.
A su vez le da más poder a las provincias sobre el inventario de los glaciares. El oficialismo defiende esto con el hecho de que la Constitución establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales.
