En estos días vencieron los últimos contratos firmados bajo la Ley de Alquileres de 2020, que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2023 con el DNU 70/2023 para permitir que las partes negocien libremente las condiciones. Casi tres años después, la Ciudad de Buenos Aires tiene una oferta récord de cerca de 19.000 propiedades entre departamentos, casas y PH, aunque la mayor disponibilidad no resolvió los problemas de acceso a la vivienda.
La derogación buscó revertir la caída de la oferta provocada por los contratos de tres años con actualizaciones anuales en un contexto de alta inflación. Hoy hay más unidades publicadas, mayor libertad para pactar condiciones y los inquilinos pueden comparar opciones antes de decidir.
Sin embargo, alquilar sigue siendo costoso: firmar un contrato nuevo de $700.000 mensuales exige un desembolso inicial cercano a los $3.500.000. El problema ya no es solo conseguir una vivienda, sino poder pagarla durante todo el contrato.
La mayor oferta también cambió el equilibrio de la negociación. Los propietarios que antes elegían entre muchos interesados ahora compiten con otras unidades, revisan sus pretensiones y, en algunos casos, aceptan valores más bajos que los de contratos anteriores. Las propiedades publicadas por encima de lo que la demanda puede pagar pueden quedar semanas o meses sin alquilarse.
Josefina Pantano, presidenta de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), explicó que hay que distinguir entre los contratos vigentes, que conservan las condiciones pactadas, y los nuevos, cuyos valores dependen de la relación entre la oferta y la capacidad de pago de los inquilinos.
