El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Salta, Ricardo Toranzos, solicitó la elevación a juicio de siete personas procesadas por narcotráfico en la provincia de Salta. El representante del Ministerio Público Fiscal encontró demostrado que José Martín Melgarejo, Rubén Alfredo Maurín, Jesús Sebastián Gerónimo, Sergio Rafael Velarde, Gabriel Alejandro Maurín, Rubén Darío Velarde y Francisco Javier Escudero integraban una banda que fue desbaratada en la localidad de Taco Pozo, Chaco, después de que se secuestrasen 250 paquetes conteniendo 246 kilos de cocaína ocultos en la plataforma de la caja de un camión.
RADAR TARTAGAL
La causa se originó a partir de una denuncia anónima recibida en la fiscalía, cuando una persona que no quiso identificarse manifestó tener información respecto a maniobras en infracción a la ley de drogas. La persona contó que en un taller mecánico en Salta se había acondicionado un camión para transportar de forma oculta estupefacientes desde la zona de Anta hacia la provincia de Buenos Aires. Un informe de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional pudo dar cuenta que la sustancia ingresaba al país por medio de aeronaves provenientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia desde donde arrojaban el tóxico en los alrededores de las localidades de Las Lajitas y Joaquín V. González. Una vez allí, la droga era almacenada en distintas fincas en la zona para luego ser transportada y distribuida.
El análisis de escuchas telefónicas de los imputados efectuado por la prevención dio como resultado que una persona identificada como Wilson Maldonado Balderrama remitía al país bultos cargados de cocaína por medio de avionetas, que eran arrojados en vuelo en la zona de Anta. Y que a los imputados les correspondía organizar la recepción de la sustancia y su posterior traslado en el territorio nacional, para lo cual debían conseguir vehículos con la capacidad suficiente para poder llevar oculta una gran cantidad de droga.
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Tras determinar una serie de medidas que incluyeron peritajes e intervenciones telefónicas y entrecruzamiento de comunicaciones, Toranzos pudo determinar que los imputados ejecutaron un plan en etapas para el cual adjudicaron funciones en células con el fin de obtener eficiencia en las maniobras de narcotráfico. Entre las medidas de seguridad que adoptaron para no ser descubiertos se encuentran la operación en zonas de difícil acceso y sin cobertura telefónica, la utilización de teléfonos satelitales, el cambio constante de teléfonos celulares, diálogos efectuados en códigos y el frecuente cambio de vehículos si tomaban conocimiento de la existencia de alguna sospecha policial.
De la investigación se desprende que Gabriel Maurín era el nexo entre los distintos operadores de la maniobra, y que tenía un grado importante de decisión y control junto a su hermano Rubén Maurín, encargado de buscar el medio de transporte y de cumplir la tarea de “puntero” en su traslado, a fin de notificar anomalías en los controles de la ruta.
Por su parte, Jesús Gerónimo ofició de chofer, facilitador de vehículos y transportista del dinero cobrado por la maniobra de narcotráfico, mientras que José Melgarejo fue quien manejaba el camión al momento de su detención. En tanto, Sergio Velarde era, junto a su hermano Rubén y Francisco Escudero, uno de los responsables de receptar la droga, para lo que participaba en el arrendamiento de campos donde fuera posible el “bombardeo” de los paquetes y en la contratación de baqueanos que pudieran marcar con coordenadas los lugares aptos.
Ante este escenario, Melgarejo, Sergio Velarde y Rubén Maurín fueron procesados como autores responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, idéntica figura que recayó sobre Alejandro Maurín pero en calidad de partícipe primario. En tanto, Jesús Gerónimo fue procesado como partícipe secundario del mismo delito, mientras que Escudero y Rubén Velarde fueron considerados partícipes primarios.
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