Luis Omar «Lucho» Giménez, quien durante varios años desempeñó un rol dual dentro de Télam como subgerente de la agencia estatal y líder del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), enfrenta un juicio oral por enriquecimiento ilícito. Fue procesado en 2019 junto a su esposa, Romina Elisa Falcón, y embargados por un total de 4 millones de dólares. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa y habilitó el avance del proceso hacia la etapa de juicio oral y público.
Giménez es un dirigente gremial peronista con estrechos vínculos políticos y sindicales con Hugo Moyano, jefe camionero. Esta relación se consolidó cuando Sitrapren se incorporó a la Corriente Nacional Sindical Peronista impulsada por Moyano. Este contexto político fue parte del marco en que se inició la investigación sobre su patrimonio.
Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky desestimaron una queja presentada por Giménez y Falcón, quienes argumentaban que durante parte del período investigado (2007-2019), Giménez no tenía la condición de funcionario público necesaria para imputarle el delito de enriquecimiento ilícito. Los jueces señalaron que la resolución del Tribunal Oral Federal N° 8 que rechazó este planteo «no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva», pues no se trataba de una sentencia definitiva ni de un auto que finalice la acción penal. Por ello, removieron los últimos obstáculos para que el caso avance hacia el juicio oral.
La causa se abrió en 2018 tras una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción. En ese momento, Giménez ejercía la Subgerencia del Departamento de Logística e Ingresos de Télam, además de conducir el sindicato.
En 2019, el juez federal Sebastián Ramos procesó a Giménez y a su pareja por enriquecimiento ilícito, dictando embargos por 90 millones de pesos (aproximadamente dos millones de dólares) a cada uno. En su resolución, Ramos señaló que entre 2007 y 2019 Giménez “registró un incremento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos ni con sus antecedentes financieros”. El juez analizó diversas operaciones, bienes y movimientos financieros para determinar si podían ser justificados por los ingresos declarados.
Entre las evidencias, se mencionó a Nahuel Cruz Amarilla, entonces empleado de Télam, quien habría actuado como testaferro de Giménez. Según la investigación, Cruz Amarilla otorgó un poder amplio para que Giménez administrara y dispusiera de sus bienes. Posteriormente, inmuebles como un chalet y un departamento con cochera en Wilde fueron registrados a nombre de Cruz Amarilla. En una declaración, el empleado relató que en un banco se encontró con un escribano, Giménez, Falcón y una mujer vinculada a una inmobiliaria, donde supo que Giménez le estaba poniendo una casa a su nombre. Una de esas propiedades se compró por 55.000 dólares en efectivo, un monto inalcanzable para Cruz Amarilla, cuyo salario rondaba los 10.000 pesos mensuales (poco más de 200 dólares).
La pesquisa detectó además otros movimientos patrimoniales llamativos. Migraciones informó que Giménez realizó 33 viajes al extranjero entre 2007 y 2017. Además, aunque declaró ser propietario de dos vehículos, registros oficiales consignaban cinco, entre ellos un Rover, un Renault Laguna, un Volkswagen Vento, una coupé Hyundai y un Audi. En cuanto a sus cuentas bancarias, tenía registros en Santander Río, BBVA Francés, Citibank, ICBC y Comafi, con movimientos mensuales de alrededor de 400.000 pesos, equivalentes a unos 8.700 dólares.
La acusación también implicó a Falcón, a quien se atribuye colaboración para ocultar o disimular parte del patrimonio mediante bienes registrados a su nombre. Ambos fueron procesados en 2019 y la causa elevada a juicio oral en 2020. Sin embargo, diversas presentaciones judiciales demoraron la realización del juicio hasta que la Cámara Federal de Casación Penal levantó el último obstáculo.
En 2020, la defensa había presentado un recurso de nulidad contra la elevación a juicio, que fue rechazado por Casación, argumentando que la resolución impugnada no era una sentencia definitiva ni ponía fin al proceso. El nuevo planteo de la defensa, rechazado recientemente, sostenía que Giménez no cumplía en ciertos períodos con la condición de funcionario público necesaria para la imputación. El Tribunal Oral Federal desestimó esta argumentación en julio de 2023, indicando que debía analizarse en el juicio. Posteriormente, Casación avaló esta decisión y habilitó la continuación del proceso.
El expediente contra Giménez tiene además un antecedente que refleja el clima interno en Télam durante esos años. En medio de la investigación sobre su patrimonio, el dirigente sindical mantenía un enfrentamiento con la conducción de la empresa estatal desde Sitrapren. Este conflicto derivó en otra causa judicial tras una denuncia del sindicato contra integrantes de la dirección de Télam por irregularidades en la contratación del servicio de comedor.
La denuncia del sindicato llevó al procesamiento del exgerente de Relaciones Laborales y Logística, Carlos Villoldo, y del exgerente general, Juan Carlos Gerding, por su intervención en la contratación de La Cocina del Virrey entre noviembre de 2016 y agosto de 2017. Según el juez federal Ariel Lijo, la contratación se realizó sin cumplir los procedimientos previstos en el Reglamento de Compras y Contrataciones de Télam. La empresa pagó 2.
