Entre 1999 y agosto de 2026, el Consejo de la Magistratura de la Nación recibió 5.170 denuncias contra jueces federales y nacionales. Sin embargo, solo el 1,3% de los casos cerrados —64 de 4.910— finalizaron con sanciones o la remoción de magistrados, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al que accedió Clarín.
El Consejo, responsable de designar a los jueces y analizar denuncias por mal desempeño o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, tramita estas causas a través de dos comisiones: la de Acusación y la de Disciplina. La Comisión de Disciplina se ocupa de faltas menores y aplica sanciones leves, como apercibimientos o multas, por incumplimientos como demoras injustificadas o faltas al deber de cortesía. En cambio, la Comisión de Acusación investiga faltas graves —como mal desempeño o delitos— y puede elevar la causa al Jurado de Enjuiciamiento para solicitar la remoción del juez.
De las 4.910 denuncias cerradas, 43 concluyeron en sanciones leves (67,19%) y 21 en destituciones (32,81%). Otro dato relevante es que solo dos de cada 100 magistrados denunciados fueron sancionados o removidos. El informe de la ACIJ cuestiona la eficacia del sistema disciplinario, destacando su opacidad, que impide el control público, el bloqueo en la participación de denunciantes y la arbitrariedad en la selección de los investigadores, factores que afectan el avance y resultados de los procesos.
Además, entre 1999 y 2026, 469 denuncias caducaron por falta de tratamiento, de acuerdo con el reglamento del Consejo. La ACIJ advierte que esta deficiencia puede convertir la garantía de independencia judicial en una “garantía de impunidad”.
Actualmente, hay 260 denuncias vigentes contra jueces, la mayoría federales, muchas de ellas provenientes de litigantes insatisfechos con resoluciones judiciales. De ese total, 205 están en la Comisión de Disciplina y 36 en la de Acusación. La mayoría de las denuncias en la Comisión de Disciplina (66%) tienen menos de un año, mientras que el resto lleva hasta tres años en trámite.
En octubre pasado, el Consejo archivó 176 expedientes: 58 por caducidad tras tres años sin tratamiento, 57 por desestimación “in límine” y 61 por falta de pruebas suficientes. En esos casos, se cerraron investigaciones sin revisar a fondo los hechos denunciados.
Entre los jueces destituidos recientemente se encuentran Walter Bento, sancionado en noviembre de 2023 y condenado posteriormente a 18 años de prisión por corrupción; Martín Poderti, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, acusado de robar 141 monedas de oro cuando ejercía como secretario; y Marcelo Bailaque, ex juez federal de Rosario, preso y señalado por favorecer narcotraficantes y extorsionar. En total, desde la creación del Consejo, 73 magistrados fueron acusados por la Comisión de Acusación. De ellos, 38 enfrentaron procesos de remoción que derivaron en 20 destituciones, 5 rechazos de acusación, 11 renuncias y 2 cierres por otras causas.
Este año también fue destituido Alfredo López, ex juez federal de Mar del Plata, tras comprobarse mal desempeño vinculado a reiterados ataques contra la comunidad judía en redes sociales. En tanto, la Comisión de Acusación elevó el caso de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, al Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño.
La ACIJ puntualiza que, pese a múltiples solicitudes, la mayoría de los consejeros del órgano no accedieron a brindar entrevistas ni permitieron el acceso a expedientes disciplinarios, lo cual contraviene la legislación vigente que establece la publicidad de estos procesos. El informe concluye que una Justicia que no investiga adecuadamente las denuncias, permite la caducidad de causas y omite sancionar a jueces por mal desempeño dificulta la confianza pública. Por ello, destacan la necesidad de fortalecer el control y la rendición de cuentas en el Poder Judicial para garantizar una justicia equitativa y transparente.
