El juez de Garantías Federal Miguel Medina dirigió una audiencia pública en donde la Unidad Fiscal de Salta, representada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, formalizó la imputación en contra de O.R.L. por haber intentado matar a su concubina dentro del salón de visitas íntimas de la Cárcel Federal de Güemes el viernes 17 de enero. La audiencia se dio en el marco del artículo 258 del nuevo Código Procesal Penal Federal

L., detenido por una causa de narcotráfico, discutió con la mujer durante la visita conyugal. De acuerdo a la investigación, la situación se habría originado por una cuestión de celos, donde el hombre le manifestó: “si no sos mía, no sos de nadie”. En ese momento, sacó un cuchillo “plano y sin mango” de entre sus pertenencias y se abalanzó intempestivamente sobre su concubina, imponiéndole varios cortes en el cuello. Al observar que su cuello sangraba de manera abundante, la mujer trató de sujetar a su pareja, mientras gritaba solicitando ayuda. Varios guardiacárceles ingresaron inmediatamente a la habitación y enfrentaron a L., quien los agredía con golpes y mordeduras.

Ante esta situación, la mujer pudo salir del lugar y solicitar atención médica. Fue asistida en el servicio médico de la cárcel y luego en el hospital de Güemes y se encuentra actualmente fuera de peligro. Los funcionarios de la Fiscalía, con la asistencia del departamento de criminalística de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional se constituyeron en la unidad de detención para recabar todos los elementos probatorios del caso.

Además, la Fiscalía ha iniciado una investigación para imputar responsabilidad penal a los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que omitieron cumplir con sus funciones y permitieron que el interno ingresara a la visita conyugal con un elemento cortante.

La audiencia
A L. se le imputó el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por la existencia del vínculo con la víctima y por mediar violencia de género, conforme el artículo 80 Inc 1 y 11 del CP, en concurso real con lesiones leves agravadas ocasionadas al personal penitenciario (artículo 89 en función del artículo 92 del Código Penal).

Durante el desarrollo de la audiencia, se tuvo por formalizada la investigación otorgándose un plazo de 64 días corridos, durante el cual se realizarán las diligencias pendientes, entre ellas la convocatoria a una Junta médica a los fines de analizar el estado psíquico del imputado.

Por su parte, la defensa planteó que se podría haber evitado el incidente si el hombre estuviera en prisión domiciliaria en la causa por narcotráfico que se le sigue, por lo que renovó dicha solicitud. El pedido se resolverá una vez adjuntados los informes médicos pertinentes.

Además, requirió el traslado del imputado al penal de Formosa, provincia de la que es oriundo, por motivos de acercamiento familiar. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada toda vez que se encuentran pendientes diligencias que requieren su presencia en esta jurisdicción, por lo que el juez rechazó el pedido.

El magistrado interviniente entendió que por ahora correspondía la competencia federal, haciendo suyo los argumentos de la Fiscalía motivados por el lugar donde ocurrió el suceso, además de que el imputado está a disposición de la justicia federal y, sobre todo, por encontrarse comprometido el buen desempeño del servicio penitenciario, lo que es motivo de investigación.

En relación al reclamo efectuado por la defensa técnica de L. respecto a la falta de atención médica de su asistido, se resolvió se prevean la medidas pertinentes a los fines de proporcionar contención psicológica al imputado.