Una médica de Gendarmería Nacional y una cosmetóloga que viajaban por la ruta nacional 34 en una camioneta cargada con 66 kilos de cocaína, y un comerciante al que se le atribuye el presunto intento de robo de esa droga en un episodio con disparos ocurrido el domingo pasado en el departamento salteño de Rosario de la Frontera, continuarán detenidos luego de que la Sala I de Revisión de Salta confirmara hoy sus prisiones preventivas.
La decisión se dio en línea con lo planteado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien ya había imputado a estos tres acusados y a una cuarta implicada, en una audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención realizada el martes pasado.
La médica, identificada como Ivana Portal y que con el grado de primer alférez presta funciones en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional y también en el hospital público de Tartagal, fue imputada por el delito de transporte de estupefacientes agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
Junto a ella fue imputada D.T., cosmetóloga de Tartagal, quien viajaba en el mismo vehículo rumbo a la ciudad santafesina de Rosario. En su caso, la acusación es por transporte de estupefacientes.
El tercer imputado es J.T., comerciante de Rosario de la Frontera, acusado de tentativa de homicidio —en perjuicio de las primeras dos imputadas—, en concurso real con confabulación para el tráfico de estupefacientes. Su pareja, A.I., es la cuarta implicada y fue imputada únicamente por este último delito.
En aquella audiencia, en la que junto al fiscal Toranzos también intervinieron el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y el investigador Pablo Carraro, el juez federal de garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, declaró la legalidad de las detenciones y dispuso la prisión preventiva de Portal, de la cosmetóloga y del comerciante. Respecto de la cuarta imputada, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que permanezca en libertad, aunque sujeta a reglas de conducta y con prohibición de salir del país.
Además, el magistrado autorizó un plazo de 70 días para la investigación, dispuso distintas medidas de prueba y ordenó el levantamiento del secreto bancario de los imputados.
El ataque en la ruta y el hallazgo de la droga
Al fundamentar la imputación, Toranzos explicó que la investigación comenzó alrededor de las 9 del domingo pasado, cuando una vecina de la localidad de El Potrero, en el departamento Rosario de la Frontera —222 kilómetros al sur de la capital salteña—, alertó a la policía sobre la presencia de dos mujeres que pedían auxilio tras haber sido perseguidas y atacadas a tiros.
Un efectivo de la fuerza provincial acudió al lugar e identificó a las ocupantes de una Renault Duster como la médica de Gendarmería y la cosmetóloga. Ambas manifestaron que viajaban hacia la ciudad santafesina de Rosario para asistir a un congreso y relataron que, tras una consulta realizada en una estación de servicio por el conductor de una camioneta blanca sobre su destino, fueron perseguidas en la ruta nacional 34 por ese vehículo y por otra camioneta de color azul, desde donde efectuaron varios disparos contra la camioneta en la que se desplazaban.
Uno de los proyectiles rompió el vidrio de la luneta trasera, dos impactaron en la puerta trasera y el lateral izquierdo y otro alcanzó una de las ruedas, lo que llevó a las mujeres a ingresar a El Potrero para buscar refugio y generó el llamado de la vecina a la policía.
De acuerdo a lo reconstruido por la fiscalía, mientras los efectivos intervenían en el lugar, la camioneta blanca volvió a aparecer. El conductor fue reconocido por el policía que intervino como el comerciante posteriormente imputado, a quien conocía de la ciudad de Metán, donde había cumplido funciones. Cuando intentaron identificarlo, escapó, lo que dio lugar a un operativo que concluyó con su detención en el puesto de control de El Tala.
Durante la requisa de la Renault Duster, ordenada inicialmente por la fiscalía provincial ante la presunción de un intento de robo, los investigadores descubrieron un doble fondo en el baúl que ocultaba 64 paquetes de cocaína con un peso total de 66 kilos.
A partir de ese hallazgo quedaron detenidas las dos mujeres y tomó intervención la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de Salta, que posteriormente remitió el caso al Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta del fuero federal. Poco después también fue detenido el comerciante, quien viajaba hacia Tucumán en una Chevrolet Captiva conducida por su pareja.
La hipótesis de la fiscalía
Durante la audiencia, Toranzos sostuvo que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún resta determinar con precisión el rol de cada uno de los involucrados e identificar a otros posibles partícipes.
El fiscal calificó el caso como de especial gravedad al tratarse, por primera vez en la jurisdicción, de una médica de Gendarmería Nacional presuntamente involucrada en el transporte de estupefacientes. En ese sentido, remarcó que su condición de funcionaria le habría permitido atravesar controles con mayor facilidad.
También destacó que, tras el ataque, la médica no acudió a la sede policial de El Potrero ni tampoco pidió ayuda de la fuerza, ni informó luego que transportaba droga. Por el contrario, manifestó que se dirigía a una capacitación y señaló que tanto ella como su acompañante eran médicas, aunque luego reconoció que solo ella ejercía esa profesión.
Como principal hipótesis, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el ataque armado constituyó una «mexicaneada», modalidad utilizada para apoderarse de cargamentos de droga. En ese contexto, ubicó al comerciante como uno de los participantes del intento de robo, apoyándose en el reconocimiento efectuado por el policía interviniente, la fuga del imputado y el señalamiento realizado por las propias ocupantes del vehículo.
Asimismo, el fiscal mencionó que le llamó la atención la presencia en el lugar de efectivos de la Policía de Tucumán pertenecientes al Destacamento 7 de Abril, quienes afirmaron haber llegado para prestar asistencia tras ser alertados por un automovilista. Toranzos descartó que esa presencia obedeciera a una casualidad y remarcó que, una vez descubierta la droga, los uniformados se retiraron del lugar sin informar lo ocurrido a las autoridades salteñas, circunstancia cuya explicación continúa bajo investigación.
Al solicitar las medidas de coerción, la fiscalía invocó los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, la gravedad de los hechos y la elevada escala penal de los delitos imputados.
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