La Justicia de Mendoza se prepara para dictar sentencia contra la monja japonesa Kumiko Kosaka, acusada de abusos sexuales en el Instituto Próvolo. En una audiencia a puertas cerradas realizada este miércoles en el Polo Judicial de la provincia, la Fiscalía y la querella solicitaron una condena de 22 años de prisión para Kosaka, además de 10 años de inhabilitación. Por su parte, la defensa mantuvo la inocencia de la religiosa y decidió no formular un pedido de pena específico ante el tribunal.
El Tribunal Penal Colegiado N° 2, tras escuchar los argumentos de las partes, decretó un cuarto intermedio. La resolución final se dará a conocer este jueves a las 16:30. Según la escala penal aplicable en el caso, la pena puede oscilar entre 7 y 50 años de cárcel; la Fiscalía optó por la condena de 22 años.
Al salir del Polo Judicial, Kosaka estuvo acompañada por su abogado defensor, Carlos Varela Álvarez. Aunque la imputada no se manifestó, su representante adelantó que recurrirán la sentencia, reafirmando su postura de inocencia.
La situación de Kosaka cambió de manera significativa después de que la Suprema Corte de Mendoza revisara la absolución dictada en 2023 por el Tribunal Penal Colegiado N.º 1, integrado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido. El máximo tribunal de la provincia estableció la responsabilidad de la monja en cinco hechos: actuó como partícipe necesaria en dos casos de abuso con acceso carnal contra alumnos del instituto y como autora en otros tres hechos de abuso sexual simple. La revisión judicial determinó que en el fallo previo las pruebas se habían analizado de forma fragmentada.
Con la reanudación del debate, la Justicia mendocina definirá la pena definitiva que deberá cumplir Kosaka, cerrando uno de los capítulos judiciales más prolongados e impactantes de la provincia.
El caso Próvolo sacó a la luz una red sistemática de abusos sexuales y violaciones cometidos entre 2005 y 2016 contra al menos una veintena de niños, niñas y adolescentes sordos que asistían al Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza. Las denuncias fueron presentadas en noviembre de 2016 por las propias víctimas, con la asistencia de intérpretes de lengua de señas, lo que derivó en el cierre definitivo del establecimiento en 2017.
En el proceso judicial, la Justicia mendocina condenó al sacerdote Horacio Corbacho a 45 años de prisión; a Nicola Corradi, también sacerdote, a 42 años –quien falleció en 2021 bajo arresto domiciliario– y al jardinero Armando Gómez, con una pena de 18 años. En septiembre de 2018, mediante un juicio abreviado, el empleado administrativo José Bordón reconoció su culpabilidad y fue condenado a 10 años de prisión.
Kosaka es la única imputada que aún espera sentencia después de haber sido declarada responsable en cinco de los cargos que pesaban contra ella.
