Cristina Kirchner presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), alegando haber sido víctima de una “violación de derechos políticos y proscripción”. La ex presidenta se refirió así a la causa por la cual se encuentra detenida, tras haber sido condenada por corrupción. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que este Comité no funciona como una “cuarta instancia de apelación” y que la decisión definitiva en el sistema jurídico argentino corresponde a la Corte Suprema, que hace un año ya se pronunció al respecto.
En una Carta Abierta, Cristina Kirchner anunció la incorporación de nuevos abogados que se suman a Carlos Beraldi para reclamar ante el Comité de la ONU por su situación procesal. Entre sus principales argumentos, sostiene nuevamente que la causa Vialidad, en la cual fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, es una “persecución política”.
La ex mandataria sostiene que la pena impuesta busca su “proscripción perpetua”, con el objetivo de excluirla de la vida política y limitar la oferta electoral, impidiendo así que el pueblo “elija libremente”. El 14 de junio se cumplió un año desde su detención, en modalidad de arresto domiciliario, en cumplimiento de la sentencia del caso Vialidad. Aún le restan cinco años para cumplir la totalidad de la condena.
Respecto a la posibilidad de que la ex presidenta revierta su situación procesal con este recurso ante la ONU, una alta fuente judicial recordó el fallo Fontevecchia, que señala que “la Corte Suprema es la última palabra en Argentina sobre la Constitución Nacional”. Un ejemplo aportado destacó que, durante la dictadura, los dictámenes del Comité de la ONU tenían valor jurídico porque no existía un Estado de derecho; en cambio, actualmente esa instancia no reemplaza los mecanismos locales.
Otra fuente agregó que la causa Kirchner pasó por todas las instancias judiciales posibles, con la intervención de casi 20 jueces. En el caso Vialidad participaron más de 16 funcionarios judiciales que coincidieron en validar la existencia de la maniobra delictiva construida a partir de 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner sostiene que fue víctima de una “violación de garantías judiciales e instrumentalización del sistema penal (lawfare)”. Sin embargo, cuando el Tribunal Oral Federal 2 dictó sentencia, desmontó la teoría del lawfare y detalló que durante el juicio se presentaron las pruebas que fundamentaron la acusación por administración fraudulenta.
Un juez de Comodoro Py subrayó que entre primera instancia, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación y Corte Suprema intervinieron 17 jueces, camaristas, ministros y fiscales, por lo que resulta difícil pensar en una conspiración tan amplia. Otro magistrado con trayectoria en los Tribunales de Retiro indicó a Clarín que los dictámenes internacionales “no son vinculantes para el ordenamiento interno”, tal como ha señalado la Corte Suprema reiteradamente, salvo en casos de violaciones constitucionales evidentes.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un órgano integrado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados que lo han ratificado. A diferencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es un cuerpo político, este Comité actúa a título personal y no en representación de sus países.
El abogado Andrés Gil Domínguez explicó a Clarín que esta presentación “no modifica la situación actual de Cristina Kirchner”, ya que primero debe analizarse si el Comité admite la denuncia y luego cómo resuelve sobre el fondo. Entre las funciones del Comité está la recepción de denuncias individuales por supuestas violaciones a derechos civiles y políticos, como el debido proceso o el derecho a ser elegido.
No obstante, las decisiones del Comité no constituyen sentencias ejecutables directamente, y tampoco son vinculantes para el sistema jurídico argentino. En este caso, el Comité revisaría cuestiones relativas al debido proceso y al derecho a ser elegida, puntos centrales de la presentación de Kirchner.
El constitucionalista Félix Lonigro calificó la acción de Cristina Kirchner como un “manotazo de ahogado” que no logrará alterar su situación procesal, aunque puede generar un impacto político e internacional, en especial al reavivar la teoría del lawfare. Señaló que, a nivel internacional, existen dos instancias posibles: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los Comités especializados de la ONU. La primera opción está descartada por el vencimiento del plazo para presentar denuncias, por lo que se recurre a la segunda. Sin embargo, el fallo Fontevecchia establece que no existe una cuarta instancia de apelación superior a la Corte Suprema.
En cuanto a la inhabilitación para ejercer derechos políticos, Lonigro explicó que “nada puede hacer un organismo internacional” si se trata de una sanción impuesta por el Congreso en ejercicio de sus competencias, que es el caso de la inhabilitación accesoria a penas mayores a tres años.
El escrito presentado por Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU busca anular su condena por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua, alegando una vulneración sistemática del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El documento detalla técnicas legales y apunta a la proscripción política como telón de fondo, afirmando que el proceso tuvo el objetivo de sacarla de la competencia electoral.
Califica la inhabilitación perpetua como una “restricción arbitraria diseñada a medida para impedir cualquier candidatura futura”. Además, denuncia violaciones al debido proceso, criticando prácticas como el
