El titular del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, procesó con prisión preventiva y dictó un embargo de 50 millones de pesos a un hombre de nacionalidad boliviana y su hijo, acusados de organizar y coordinar el transporte de un cargamento de más de 150 kilos de cocaína. La maniobra fue desbaratada en enero, cuando cuatro personas que trasladaban la sustancia intentaron darse a la fuga para evadir un control rutero de Gendarmería Nacional. En la causa interviene la Fiscalía Federal N°2 de esa jurisdicción, a cargo de Agustín Chit, con el aporte de la auxiliar fiscal Julia Vitar.

El caso

La investigación comenzó el 26 de enero de 2025 a partir de tareas de prevención realizadas por personal de Gendarmería Nacional. Al mediodía, en un control preventivo de seguridad vial en el kilómetro 896 de la ruta nacional 34, se detectó una camioneta Toyota Hilux gris que, al advertir la presencia del operativo, realizó una maniobra evasiva y se desvió bruscamente hacia un camino secundario.

El personal de Gendarmería realizó un rastrillaje en zonas adyacentes, hasta finalmente interceptar el vehículo, donde se trasladaban A.A., L.M.C.O., R.S.V. y D.G., los tres últimos de nacionalidad boliviana. Al ser consultado sobre cuál era la carga de la camioneta, A.A. respondió al personal del operativo: “Lo que usted ya sabe”, lo que en principio fue interpretado como un reconocimiento implícito de la comisión de algún delito.

Luego de solicitar testigos, se inspeccionó la caja de la camioneta, donde se hallaron cinco bultos envueltos en bolsas arpilleras, en cuyo interior había 150 paquetes rectangulares, que luego de las pruebas orientativas del narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje preliminar arrojó un total de 155,6 kilogramos de cocaína compactada en paquetes estampados con la figura en bajorrelieve de un delfín, usualmente asociada a organizaciones narcocriminales.

Al momento de ser indagados, los cuatro detenidos reconocieron e identificaron ciertos efectos personales secuestrados, pero se abstuvieron de declarar sobre el origen y el destino de su viaje, como también del material secuestrado. Así, fueron imputados como coautores de haber transportado más de 150 kilos de cocaína con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas de manera organizada.

Para el juez Díaz Martínez, la cantidad de material secuestrado, el intento de fuga, la explicación de A.A. y la presencia de moneda y documentación transfronteriza permitían inferir que la droga había sido obtenida en Bolivia y transportada hacia centros de distribución en Argentina, dentro de una estructura organizada. Por ese motivo, dictó el procesamiento con prisión preventiva de los cuatro imputados, junto con un embargo de 50 millones de pesos para cada uno de ellos.

La intervención del MPF y los imputados colaboradores

Una vez iniciado el legajo investigativo, dos de los imputados suscribieron un acuerdo de colaboración. Allí precisaron que la persona que los había contactado para realizar el transporte de estupefacientes era un hombre de nacionalidad boliviana identificado por sus iniciales como R.O., residente en la ciudad bonaerense de La Plata. Detallaron, además, que previo a ese viaje habían realizado otro anterior, donde habían permanecido doce días en la ciudad jujeña de La Quiaca.

Uno de los colaboradores mencionó que en el viaje en que fueron detenidos, además de la camioneta en la que se trasladaban había otra más, propiedad de R.O., y un Peugeot 208, propiedad de M.A.O., hijo del primero, quien hacía de “coche puntero” en la ruta. Así, fue posible reconstruir que padre e hijo se trasladaron con sus vehículos desde la provincia de Buenos Aires hasta Salta, y desde allí a Jujuy, utilizando “pasadores” que cargaban las sustancias en mochilas y cruzaban la frontera desde Bolivia hacia la Argentina por caminos alternativos de tierra y empleando comunicación satelital y un handy, ya que en esa zona no hay señal de telefonía.

Por último, ambos imputados aportaron códigos de desbloqueo de sus celulares, los cuales fueron compartidos con la fuerza de seguridad encargada de realizar el análisis de los aparatos peritados. La identificación de R.O. fue corroborada mediante informes del RENAPER, que confirmaron su nombre, DNI y domicilio, y cuya fotografía fue identificada por uno de los imputados colaboradores.

Un informe posterior de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) confirmó que R.O. era titular de tres vehículos, entre ellos la camioneta utilizada el día en el que se realizaron las primeras detenciones, y de la cual figuraba una multa registrada el 15 de diciembre de 2024 en Saladillo, en una de las rutas utilizada para el tráfico, lo que confirmó así el viaje aludido por los imputados colaboradores.

A partir del análisis de las comunicaciones los teléfonos de las personas investigadas, se reconstruyó la actividad de los implicados y se demostró que el 26 de enero, mientras se trasladaba el cargamento de los 155 kilos de cocaína, M.A.O. recibió una llamada del número perteneciente a A.A., lo que para la fiscalía confirma su vinculación con la maniobra de transporte.

El análisis de celdas GPRS del teléfono utilizado por R.O. permitió identificar cinco grandes desplazamientos logísticos durante 2025 hacia Salta, Mendoza y cruces fronterizos a Chile y Bolivia, en movimientos que coincidían temporalmente con los traslados necesarios para coordinar operaciones de tráfico internacional, de acuerdo a Chit.

Con todos esos elementos, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó a ambos investigados el rol de organizadores del transporte del cargamento de cocaína secuestrado el 26 de enero. Según sostuvo el fiscal Chit, para poder llevar a cabo su proyecto, reclutaron a los cuatro imputados, escoltaron el traslado y planificaron el cruce fronterizo. A su vez, los viajes registrados por R.O. entre 2024 y 2025 consolidan la hipótesis de “un circuito logístico previamente organizado”.

Ante este escenario, Chit solicitó allanar el domicilio de La Plata perteneciente a R.O., junto con su detención y la de su hijo, a fin de recibirles declaración indagatoria y evitar su posible fuga o entorpecimiento de la investigación. El juez aceptó los pedidos del representante del MPF y el 17 de octubre pasado se realizó el procedimiento en el que también se secuestraron tres automóviles y varios dispositivos electrónicos.

Al momento de prestar declaración indagatoria, R.O. -el padre- justificó sus viajes a Chile y Bolivia por asuntos familiares, laborales y electorales, y aseguró desconocer por completo los hechos por los cuales fue imputado. Al dictar su procesamiento, el juez Díaz Martínez consideró esas explicaciones como insuficientes al valorar los registros telefónicos, geolocalizaciones compartidas y conversaciones con las personas investigadas. Por su parte, su hijo M.A.O. se negó a declarar.

Para el magistrado, padre e hijo cumplieron la función de organizadores y coordinadores logísticos de la maniobra. Para ello, se encargaron de articular los movimientos transfronterizos y mantener contacto con proveedores fuera del país, como también de conseguir vehículos para llevar a cabo el traslado del estupefaciente y coordinar rutas y horarios.

En sintonía con lo solicitado por el MPF, el juzgado dispuso la prisión preventiva de ambos acusados y entre los principales fundamentos de la medida de coerción, mencionó la posible existencia de una estructura criminal transnacional y su capacidad económica y logística, como así también las conductas evasivas por parte de ambos acusados que podrían redundar en el entorpecimiento de la investigación.