Los diputados del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte y Juan Manuel Esquivel, denunciaron en la justicia federal a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al Director Nacional de Gendarmeria Nacional, comandante general Gerardo Jose Otero y a los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos por abuso de autoridad y prevaricato, respectivamente. Los presentación recayó en el juez Julian Ercolini.
El 27 de julio de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la Medida Cautelar N° 25/16 a favor de Milagro Sala, a través de la cual ordenó al Estado Nacional que dispusiera la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica. Ello, debido al riesgo que corrían la vida y la integridad física de la dirigente tupaquera en la Unidad 3 del Penal de Mujeres de Alto Comedero, sumados al hostigamiento y a la persecución judicial de la que es objeto.
JUEZ GASTON MERCAU.
Sin embargo los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos resolvieron enviar a la dirigente social a un inmueble ubicado en la localidad de El Carmen que se encontraba saqueado, tal como la defensa de la diputada del Parlasur acreditó en el expediente y el juez Pullen Llermanos pudo verificar en su inspección al mismo. Pero uno de los ejes de la denuncia presentada radica en la comisión del delito de prevaricato por ordenar a la Gendarmería Nacional y a fuerzas provinciales que custodien a Milagro Sala, violando así la Ley 24660 que, en su articulo 33, establece en referencia a la prisión domiciliaria que “en ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”. “Así, la norma no deja lugar alguno a la interpretación y las resoluciones de los jueces son diametralmente opuestas a la ley”, denunciaron.
En la presentación, además, indicaron que la instalación en la entrada del inmueble de un destacamento preparado para alojar un cuerpo de gendarmeria y una garita de la policía provincial con la altura suficiente para divisar el interior del inmueble, el emplazamiento por encima del perímetro del muro que rodea la casa de un cerco de alambre de púa y la colocación de una serie de cámaras de seguridad con capacidad de filmación de trescientos sesenta grados constituye “una estructura que día a día opera al margen de la letra de la ley y que constantemente viola los derechos constitucionales de Sala y su familia”.
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