Vencido el plazo que le había dado al Reino Unido para detener la explotación petrolera en las Islas Malvinas, el Gobierno presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Según un comunicado de la Oficina del Presidente, el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
La presentación forma parte del procedimiento arbitral que el país inició el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Se apoya en el artículo 290, que permite a cualquiera de las partes, mientras se constituye el tribunal arbitral, pedir medidas urgentes para preservar sus derechos o evitar daños graves al medio marino.
El comunicado, firmado por Javier Milei, reafirmó “los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y concluyó: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
El canciller Pablo Quirno destacó que, “en un hecho sin precedentes”, la Argentina pidió al tribunal que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación del proyecto Sea Lion; que no use en perjuicio argentino la información obtenida en la exploración de las áreas en disputa; que deje de impedir que el país cumpla con su obligación de proteger el medio marino; y que se abstenga de cualquier medida que agrave el conflicto, en particular el otorgamiento de nuevos permisos.
Quirno reiteró el compromiso con “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional” e invitó al Reino Unido a volver a la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, como establecen las resoluciones de las Naciones Unidas.
Horas después de la presentación, sin embargo, Londres autorizó el desarrollo de Sea Lion y anunció medidas para proteger a las empresas que operan en las islas, lo que profundizó la tensión entre ambos países.
