El Gobierno se prepara para pedir la semana próxima medidas cautelares contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de que se ordene el cese de las actividades petroleras en aguas de las Islas Malvinas.
El lunes vence el ultimátum que el presidente Javier Milei le dio a Londres el 28 de septiembre, cuando lo intimó formalmente a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Ese mismo día, la Cancillería notificó el inicio de un arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Dos empresas anunciaron que comenzarán a extraer petróleo en la zona en 2028: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Según el Gobierno, las acciones argentinas de los últimos meses golpearon financieramente a ambas compañías, cuyas cotizaciones cayeron con fuerza.
“Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido”, había señalado el canciller Pablo Quirno.
El tribunal, con sede en Hamburgo, ya es conocido en la Argentina: fue el que en 2012 ordenó liberar a la Fragata Libertad, retenida en Ghana a pedido de los fondos buitre. Si se pronunciara a favor del reclamo argentino, su decisión sería de cumplimiento obligatorio para las partes de la Convención, entre las que se encuentra el Reino Unido.
