Las observaciones a la ley de modernización de la Administración Pública
Aunque fue aprobado por mayoría, el Bloque Justicialista hizo varias observaciones a la redacción del proyecto de modernización de la Administración Pública de la provincia, sancionado como Ley 6.016 en la última sesión de la Legislatura jujeña. La bancada opositora cuestionó que la actual administración del Estado no haya realizado un diagnóstico previo sobre el empleo público y el salario, y que la iniciativa fuera concebida sin la participación de los sectores gremiales, genuinos representantes de los intereses e inquietudes de los trabajadores.
En ese contexto, el diputado justicialista Luis Cabana planteó como un déficit que la elaboración del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no haya tenido en cuenta el bajo nivel de los salarios, las desigualdades que existen en la actualidad en la movilidad de las categorías, la nula existencia de la carrera administrativa y el estado anacrónico que existe para la valoración de los recursos humanos.
Por lo mismo, el legislador consideró que la reforma del Estado debe expresar un cambio cultural basado en una constante toma de decisiones. Al mismo tiempo, estimó que era necesario introducir en el proyecto –posteriormente sancionado como ley- la negociación colectiva como principio ordenador de una función pública, tal como lo establece la Ley 4679 de adhesión a la Ley marco de regulación del empleo público.
Se mostró de acuerdo, no obstante, con la capacitación planteada en el artículo 5 de la iniciativa. “Es una gran herramienta que incorpora la tecnología al capital humano y revaloriza la gestión de los recursos humanos, pero tiene que existir un compromiso para definir el déficit que se intenta solucionar y las metas que se propone alcanzar esta ley”, aseveró.
“La eficiencia del Estado no es la suma del trabajo eficiente de sus agentes y su reemplazo por técnicos de consultorías, es fundamentalmente un compromiso político. Los retiros voluntarios, la disolución sin ton ni son de organismos, los nombramientos que vulneran la designación de directores por concursos, la rebaja en los salarios, entre otras, son todas medidas que desalientan la profesionalización y acentúan la deficiencia y debilitan el papel del Estado como regulador de la sociedad”, agregó.
Luego, remarcó que no es posible la modernización del Estado sin la participación activa de las organizaciones sindicales.
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