La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme este martes el sobreseimiento de Mauricio Macri y varios funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y cerró la causa en la que se los investigaba por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 luego de un incendio en su tanque de baterías.
El máximo tribunal rechazó los recursos que habían interpuesto los allegados de las personas que murieron en el submarino, al considerar que las actividades por las que se investigaba al expresidente formaban parte «de protocolos de seguridad».
La causa había iniciado tras una denuncia de los familiares de las víctimas, quienes aseguraban haber sido el objetivo de maniobras de vigilancia y seguimiento por parte del Ejecutivo entre los años 2017 y 2018, mientras reclamaban por respuestas cuando todavía se investigaba la desaparición del submarino.
Martín Bava, el juez subrogante de Dolores que intervino tras esa primera denuncia, había considerado en 2021 que se había podido probar la realización de tareas de «espionaje prohibidas por Ley», muchas de ellas dirigidas «a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque ‘El Repunte’ y del buque ‘Rigel’».
Por ese motivo, decidió imputar a Macri, al exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, a su entonces segunda Silvia Majdalani y a ocho exagentes del organismo.
Según Bava, el accionar del expresidente «generó las condiciones para que se lleve a cabo, almacene y utilicen datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas».
En base a ese desglose, le atribuyó también el delito de «abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor».
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año la defensa de Macri apeló la resolución y en julio de 2022 la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi anuló los procesamientos, por entender que la AFI no incurrió en injerencias abusivas ni se extralimitó en sus funciones y que sus tareas estaban enmarcadas dentro de protocolos de seguridad presidencial.
En esa ocasión, los jueces destacaron que la información que fundamentaba las acusaciones de espionaje no provenía de operaciones secretas, sino que había sido obtenida de medios públicos y redes sociales y advirtió acerca de los riesgos que podría traer aparejada una deficiencia en la custodia y control del entorno de un presidente.
Sin embargo, esa decisión fue apelada por los familiares y amigos de las víctimas y el caso quedó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. En noviembre de 2023, con el voto mayoritario de los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky y la disidencia de la jueza Ángela Ledesma, la Sala II declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las querellas y confirmó el sobreseimiento de Macri y el resto de los acusados.
«No se ha demostrado que el imputado [Macri] estuviese materialmente en una posición que implicase su intervención directa en los hechos investigados», había explicado en ese momento Yacobucci, quien señaló además que las acciones atribuidas a los investigados «no sólo se enmarcaron dentro de los fines legítimos que persigue la Agencia -AFI- sino que también constituyeron medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos».
Sin embargo, las querellas particulares, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, insistieron y llevaron el caso ante la Corte Suprema a través de recursos extraordinarios. En sus escritos, cuestionaron que las tareas de la AFI estuviesen justificadas y denunciaron parcialidad judicial.
Finalmente, este martes llegó la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó los recursos que habían presentado los familiares de las víctimas y de este modo dejó firme la resolución que concede el sobreseimiento a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y al resto de los imputados en la causa.
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