La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro acusó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de utilizar “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”.
Nicolás Maduro, asediado por Estados Unidos.
Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gabinete de Nicolás Maduro, incluidos ministros, por encabezar la represión para que el presidente venezolano se declarara “fraudulentamente ganador” de las elecciones del 28 de julio.
Venezuela calificó esta medida como un “acto desesperado”. Entre los sancionados hay 15 militares acusados de liderar la represión post-elecciones que dejaron 28 muertos y más de 2200 detenidos.
“Las medidas anunciadas el día de hoy -por Estados Unidos- son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, dijo en un comunicado la Cancillería venezolana tras rechazar las sanciones contra el “grupo de patriotas”.
Qué dijo Estados Unidos y quiénes son los funcionarios sancionados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sancionó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de utilizar “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago.
Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro. Fueron cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.
Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del gobierno, presente en casi todas las intervenciones de Maduro; el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán; el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior, Diosdado Cabello.
La joven, desde septiembre, está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones, que sustituye en la práctica a la autoridad del control de cambio que estuvo vigente en Venezuela por más de 15 años.
Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.
De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añadió. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.
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