El nivel de litigiosidad registrado en la provincia responde, en gran medida, a procesos acumulados a lo largo del tiempo, razón por la cual la implementación efectiva de estas instancias constituye una respuesta concreta del Estado para canalizar los conflictos por la vía administrativa, técnica y especializada prevista por la normativa vigente.

La consolidación de este esquema fortalece la previsibilidad jurídica, resguarda los derechos de los trabajadores y genera condiciones más estables para el desarrollo de la actividad productiva y el empleo formal en la provincia.