Indagatorias a exfuncionarios y empresarios en una causa que investiga irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19

Abr 18, 2026 Diario La Comarca Jujuy Nacionales

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Tras lo solicitado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, el juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a la por entonces secretaria de Acceso a la Salud y luego ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti en el marco de una causa donde se investigan la adquisición de vacunas contra el COVID-19 entre 2020 y 2021.

Las 15 indagatorias ordenadas por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°4 comenzarán el próximo 19 de mayo y se extenderán hasta septiembre de este año. Entre las personas que deberán presentarse se encuentran el por entonces subsecretario Gestión Administrativa Mauricio Alberto Monsalvo; el exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli; la ex subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica Sonia Gabriela Tarragona y la exasesora y funcionaria de Presidencia de la Nación Cecilia Nicolini.

Además, se citó a indagatoria al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a los apoderados de distintas compañías que habrían sido beneficiadas por la decisión del Ejecutivo de aquel momento de retrasar las negociaciones con el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas.

En el dictamen, la fiscalía señaló que, a pesar de haberse puesto a disposición del país en una instancia temprana las vacunas del laboratorio Pfizer —los intercambios habrían entre el Estado Nacional y la empresa habrían comenzado en julio de 2020— “desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido”.

“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, explicó.

“Es decir que, si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”, consideró la fiscalía.

La investigación

La fiscalía llevó adelante una serie de medidas que permitieron corroborar que habrían “existido serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19”.

“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos “socios locales” que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, explicó el fiscal Stornelli.

Al momento de solicitar las indagatorias que convalidó el juzgado, el representante del MPF consideró que las maniobras habrían configurado «un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”, recalcó.

“No se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”, indicó en otro tramo del dictamen el fiscal Stornelli.

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