Golpe a red de narcotráfico después de secuestrar casi 50 kilo de cocaína en Jujuy

Oct 29, 2025 Diario La Comarca Jujuy Policiales

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El caso surgió de un procedimiento del 3 de julio pasado en el que la Policía Federal detuvo a cuatro personas y secuestro esa cantidad de droga, tras una persecución de dos autos entre las localidades de Yuto y Calilegua. Luego, al cruzar información con otra fiscalía y profundizar la pesquisa, se detectó que la pareja imputada había transferido dinero a uno de los transportistas de la cocaína y que habría organizado el viaje. Los mensajes que los comprometen: “Eliminá todo”, ordenó uno de los acusados. «Ya eliminé la app», le respondieron.

La Unidad Fiscal Jujuy imputó a una pareja como los presuntos financistas y organizadores del transporte de un cargamento de 48 kilos de cocaína que en julio pasado había sido incautado tras un procedimiento policial que incluyó una persecución por la ruta 34, entre las localidades de Yuto y Calilegua, y culminó con la detención de cuatro personas y el hallazgo de la droga oculta en los tanques de combustible de dos automóviles.

A instancia de la fiscalía y en una audiencia de formalización de la investigación realizada el 20 de octubre pasado, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, dictó la prisión preventiva para Cristián Chavarría y su pareja, Natasha Jorgelina Benítez. Ambos quedaron imputados como coautores del delito de organizadores y financistas de un transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, previsto en el artículo 7 de la Ley 23.737 y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.

Persecución y 48 kilos cocaína en los tanques de nafta

El caso, investigado por la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, se inició el 3 de julio pasado, cuando una patrulla de la Policía Federal (PFA) que hacía un control vehicular en la ruta 34, a la altura de la localidad de Yuto, le hizo señas a dos autos para que se detengan.

Ambos rodados, un Fiat Cronos y otro Grand Siena, evadieron a los policías y se dieron a la fuga por la ruta, lo que motivó una persecución que se extendió hasta la localidad de Calilegua, donde los policías les dieron alcance a los autos.

El conductor del Fiat Cronos fue identificado como Iván Gustavo Subelza, mientras que el segundo rodado era conducido por Franco Fernández, quien llevaba como acompañantes a su pareja, Marianela Giraldez, su hija Brisa y dos hijos menores de edad.

Ante los policías, Fernández dijo: “Ya perdí”, tras lo cual pidió que sus hijos no vean el procedimiento y reveló que iba cargado con estupefacientes. Un can antinarcóticos marcó la zona de los asientos traseros del auto.

Los autos fueron trasladados hasta la base operativa de San Pedro, donde se hizo un control más minucioso, del cual se pudo constatar que ambos rodados transportaban 48 kilos de cocaína dentro de sus tanques de combustible. También se procedió al secuestro de los rodados y celulares de los detenidos.

El 5 de julio, la fiscalía imputó a Subelza, Fernández, Giraldez y la hija de esta última, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores. Asimismo, se dictó la prisión preventiva de todos y se autorizó las pericias de los teléfonos celulares y el levantamiento del secretario bancario y financiero.

RED NARCOCRIMINAL

Al profundizar la tarea investigativa, se pudo conocer que el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, tenía bajo investigación a la pareja Chavarría-Benítez y que estaban ligados con Subelza y Fernández, los conductores detenidos en la provincia de Jujuy.

La Sección Antidrogas Salta de Gendarmería Nacional, que realizaba tareas de campo e inteligencia en torno a la pareja, reveló que tenía a Subelza como posible transportista dentro de una organización narcocriminal, cuyos presuntos jefes eran Chavarría y su pareja.

Luego de entrecruzar datos, la fiscalía estableció que los implicados habían hecho ya varios viajes, siempre desde localidades fronterizas hacia Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero que, según la hipótesis fiscal, habrían sido coordinados por la pareja, que residía en un inquilinato del barrio San José, en la ciudad de Salta.

Entre otras evidencias, las intervenciones telefónicas realizadas por la fiscalía de Salta a la pareja permitieron advertir una intensa actividad de comunicativa, tanto días previos como durante el transporte de la droga incautada en Jujuy, en un plan delineado de antemano por Chavarría y su pareja.

INVESTIGACIÓN FINANCIERA

A ello, agregó un dato destacado surgido del reporte financiero remitido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y distintas entidades bancarias: Subelza recibió de una cuenta bancaria a nombre de Chavarría, la suma de casi cuatro millones y medio de pesos, entre el 6 de mayo y el 20 de diciembre del año pasado.

En tanto, el reporte también reveló que este año, entre el 12 de febrero y el 2 de julio -día previo a su detención-, Chavarría le transfirió a Subelza una suma de tres millones y medio de pesos, siendo la última el día previo a su detención, por un monto de 40 mil pesos, lo que para la fiscalía demuestra no sólo el nexo con los cuatro imputados, sino también su rol como líder y financista.

En vista de estas evidencias, el MPF fundó la imputación sobre la pareja y pidió, a su vez, la prisión preventiva de ambos, al argumentar que existen los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, como así también por la gravedad del hecho y por la escala penal prevista para el delito imputado, que no permite una condena de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo.

Además, en el caso de Chavarría, remarcó que el mismo registra una condena de 6 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, dictada por el TOF 1 de Salta el 2 de noviembre del 2020.

Ante las pruebas expuestas por la fiscalía y la ausencia de planteos por parte de la defensa, el juez Hansen hizo lugar a la imputación, dispuso la prisión preventiva y autorizó las pericias requeridas por la fiscalía para los elementos incautados, como así también el levantamiento del secreto bancario y financiero.

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