El Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio E. Lello Sánchez, junto a Funcionarios Judiciales de todo el país, se reunieron en la ciudad de Córdoba, en la cual firmó un documento en el que Procuradores y Fiscales Generales, piden al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “Desfederalizar en todo el país la lucha contra el Narcomenudeo”, para poder colaborar y solicitaron recursos para esa tarea. La declaración surgió del documento final de las Jornadas sobre Narcocriminalidad que se desarrollaron durante el jueves y viernes pasado.
“La intención que sean los Ministerios Públicos Fiscales de cada provincia quienes tomen esa responsabilidad como sucede actualmente en Córdoba, para ello también se pide que se transfieran los recursos a las provincias para esta tarea”. El Fiscal General, Dr. Lello Sánchez, considera indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, tomando en cuenta, que actualmente estos organismos, en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesal moderno, ágil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad. Es posible que ambos ordenes, el provincial y el federal, ejecuten actividades coordinadas y efectivas.
Por otra parte, en el documento se peticionó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda, a una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de la Ciudad autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización. “Una política de persecución integral contra la narcocriminalidad con participación de todos los órdenes judiciales es la única que logrará poner límites a un problema cuya solución la sociedad demanda, que se aborde con decisión y con respuestas contundentes. A pesar que en nuestra Provincia rige la ley 5888, su entrada en vigencia efectiva requiere de los aportes del Gobierno Federal para que las Fuerzas de Seguridad y Fiscales puedan intervenir a los fines de prevenir y sancionar este flagelo que azota nuestra provincia”, concluyó.
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