En medio del enfrentamiento del gobernador de Santa Cruz con el kirchnerismo por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Claudio Vidal ahora presentó un proyecto para la restitución del ex procurador provincial Eduardo Sosa, desplazado de su cargo en 1995 por el entonces gobernador Néstor Kirchner cuando eliminó ese puesto.
Según pudo saber Clarín, se busca dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema para reponer a Sosa, que hasta ahora fueron desobedecidos por los gobiernos K en la provincia, y darle «rango institucional a la Procuración».
La primera medida que adoptó el gobernador Vidal para desarticular el inmenso poder del kirchnerismo en la justicia santacruceña fue ampliar el número de integrantes del TSJ. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados con una marcada resistencia del kirchnerismo.
Después se enviaron las ternas a la Legislatura, pero una medida cautelar buscó frenar cualquier decisión que se tomen sobre las ternas remitidas por el Poder Ejecutivo Provincial para cubrir dos de los nuevos cuatro cargos creados en la corte santacruceña.
Sin embargo, se aprobaron a los candidatos: el ex gobernador Sergio Acevedo y a José González Nora. Con ese paso cumplimentado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, tomó los respectivos juramentos y posteriormente los ratificó.
Pese a ese acto administrativo, los cuatro vocales restantes del máximo órgano judicial de Santa Cruz rechazaron el proceso y reclamaron la nulidad de la toma de juramento. Horas después, removieron a Mariani como presidente del TSJ y designaron a una ex funcionaria de Néstor Kirchner.
Con ese telón de fondo, el viernes el Poder Ejecutivo Provincial remitió un proyecto a la Cámara de Diputados que tiene como finalidad restituir a Eduardo Sosa, el desplazado jefe de los fiscales provincianes. Se abre así, un nuevo capítulo en el enfrentamiento del gobernador Vidal con la justicia provincial que durante décadas tuvo un marcado arraigo con el kirchnerismo.
Sosa, la primera víctima institucional del kirchnerismo
La movida institucional que en 1995 hizo desaparecer su cargo y dejarlo cesante ocurrió luego que el entonces jefe de los fiscales santacruceños decidiera hurgar en la contratación que Santa Cruz había hecho con un estudio de abogados por fuera de la estructura del Estado para negociar el cobro de una deuda por regalías petroleras que le adeudaba la Nación. Se trataba de los famosos 630 millones de dólares que el entonces gobernador Kirchner envió después al extranjero y cuyo destino jamás quedó del todo aclarado.
En su momento, Sosa contó a Clarín que su desplazamiento fue impulsado por Cristina Kirchner en la Legislatura provincial, que desdobló las funciones que él tenía como procurador, creó dos nuevos cargos, el de agente fiscal y el de defensor de pobres, ausentes e incapaces, y lo dejó cesante al no proponerlo para ninguno de ellos.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 (en esos períodos el gobernador era Néstor Kirchner) y también en 2009 y 2010.
El último fallo fue categórico, ordenándole al entonces gobernador Daniel Peralta que debía reponer a Sosa. El argumento del ex mandatario provincial fue que era imposible cumplir con el fallo porque el cargo ya no existía y derivó el planteo al Congreso, donde se evaluó si se iba a intervenir la provincia o no.
La provincia de Santa Cruz, lejos de acatar el fallo de la Corte Suprema, denunció un golpe institucional. Con el apoyo de la mayoría de los gobernadores y dirigentes peronistas, Néstor Kirchner realizó un acto en Río Gallegos en contra del máximo tribunal.
Ahora, el gobernador Claudio Vidal volvió a poner en discusión el tema.
Ante la consulta de Clarín, Sosa dijo que en caso de prosperar la iniciativa del gobernador «mi voluntad y objetivo es ser útil en medio de un momento convulsionado en la capa más alta de la justicia santacruceña». Es decir que aceptaría reincorporarse.
Recordó que en su momento, la administración provincial quiso suplantar su restitución por una suma del dinero. «Les dije que había que cumplir el fallo de la Corte, pero nunca se hizo y luché durante muchos años para que esta situación se soluciones».
En la iniciativa impulsada por el gobierno de Vidal, el ex procurador visualiza al menos, tres elementos centrales: «El primero es que la iniciativa se constituye como una cuestión simbólica, institucional que busca reparar un agravio constitucional que no le hace bien a la provincia que se mantenga. Después, la reparación personal que es la menos importante».
Como tercer aspecto, Eduardo Sosa dijo a Clarín: «El tercer elemento es que en medio de un estado de convulsión que vive hoy el Poder Judicial de Santa Cruz, lo que me pregunto es qué puedo aportar como constructivo, esa es mi voluntad».
El gobierno provincial -según señalaron fuentes oficiales a este medio-, tiene como objetivo «honrar y dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso y que refieren a la orden de restituir al Procurador General Eduardo Sosa».
Persiguiendo dicho objetivo, se busca institucionalizar nuevamente el cargo de Procurador General. «Necesitamos una justicia independiente, por eso se impulsó primero una ampliación de 5 a 9 miembros el TSJ y creemos que ahora hay que avanzar con la restitución del cargo de Procurador», señalaron a Clarín desde el entorno de Vidal.
Para este último aspecto, el proyecto de ley refiere a la creación, nuevamente del Procurador como jefe del Ministerio Público Fiscal. Entre sus competencias estará la de «conducir, delegar y reasumir competencias en el Agente Fiscal y el Defensor».
La iniciativa ya ingresó a la Legislatura Provincial y deberá, primero, ir a comisión para después llevar el debate al recinto. «Si se aprueba el proyecto, lo próximo será restituir a Eduardo Sosa». La medida, de lograrse, ocurrirá 30 años después de su destitución.
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