Sep 16, 2026 Sistema de Noticias Politica
La Secretaría Legal y Técnica está finalizando los detalles del proyecto para endurecer las sanciones a las empresas que operan en las Islas Malvinas, anunciado por Javier Milei hace dos semanas en cadena nacional. Fuentes de la mesa política liderada el martes por Karina Milei confirmaron a Clarín que la iniciativa será enviada al Congreso en las próximas horas, entre este miércoles y el viernes, antes del fin de semana.

El proyecto, que ingresará por la Cámara de Diputados junto con el Presupuesto, busca impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima de las Islas, frente al avance del proyecto Sea Lion, que impulsa la compañía británica Rophopper y la israelí Navitas. Además, la ley contempla sanciones para las empresas que utilicen las cerca de 200 licencias anuales que otorga la administración de las Malvinas para pescar en las aguas circundantes, consideradas mar argentino.
La iniciativa otorga mayor autonomía al Ejecutivo para identificar potenciales amenazas aéreas y facilita el derribo de aviones. Si bien Alberto Fernández había cuestionado el protocolo vigente desde 2016, impulsado por Mauricio Macri, mantuvo la normativa y la endureció antes de finalizar su mandato. La decisión recaerá en el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por Cancillería, la SIDE y los ministerios de Defensa y Economía. En su discurso, Milei había sugerido que pediría al Congreso que otorgue al nuevo organismo herramientas para neutralizar tanto a actores estatales como no estatales.
Bautizado en el Ejecutivo como “Ley de Soberanía Nacional”, el proyecto no solo prohíbe que empresas con actividad en las Islas operen en el país en hidrocarburos, sino que también sancionará a compañías pesqueras y mineras. Esta situación generó preocupación en Luis “Toto” Caputo, ante la posibilidad de que algunas empresas con inversiones en Argentina suspendan sus planes.
Diputados del Frente Renovador solicitaron a Economía informes sobre la adhesión al Régimen de Grandes Inversiones de petroleras como Harbour Energy, que habrían operado sin autorización en la plataforma continental de las Islas. Según fuentes de la mesa política, Caputo quedó más tranquilo tras revisar el detalle de la ley, que también generó tensiones por la participación de Eduardo Elsztain en Falkland Company, una empresa logística de las Malvinas. “La ley apunta al futuro”, señalaron.
Funcionarios involucrados en el proyecto adelantaron que la normativa será progresiva y permitirá que las empresas internacionales que cesen sus actividades en las Malvinas sean autorizadas para operar inmediatamente en Argentina. A principios de la semana, la Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia contra directivos y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales y sociedades mixtas que operan en el Mar Argentino con autorizaciones otorgadas por el gobierno de las Islas.
María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica y allegada a Santiago Caputo, supervisa el texto final antes de enviarlo a Diputados. El asesor presidencial posicionó esta iniciativa como la principal del oficialismo en el Congreso, en un momento en que el Ejecutivo busca recuperar protagonismo en la agenda y avanzar en la aprobación del Presupuesto y la reforma electoral.
Caputo celebró las recientes declaraciones de Donald Trump y el respaldo de los líderes de Gales, Irlanda del Norte y Escocia, quienes reclaman juntos su independencia. “El invento revienta al inventor”, escribió en sus redes sociales. El presidente también valoró el apoyo de Trump, quien en la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York concretó una reunión bilateral con el premier británico. Por su parte, el embajador de China reiteró ante el canciller Pablo Quirno el respaldo de su país a la causa argentina por Malvinas. Uruguay, en tanto, rechazó la aprobación de la empresa holandesa Fugro —proveedora de YPF— para instalar un cable submarino desde allí hasta las Islas, utilizado para estudiar el lecho marino, según reveló DiarioAr.
El Gobierno destacó además el fallo de una jueza federal de Río Grande que concedió una medida cautelar solicitada por grupos ambientalistas para suspender la explotación del proyecto Sea Lion, previsto para comenzar en 2028.

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