El Ejecutivo tiene en la mira a los institutos nacionales de Asuntos Indígenas (INAI), de Juventudes (INJUVE) y de Promoción Turística (INPROTUR).
El Gobierno avanza con la «deep motosierra»: prepara dos DNU para disolver 60 organismos y derogar regulaciones.
El Gobierno prepara dos decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para disolver 60 organismos y derogar regulaciones. Se trata de la “deep motosierra” en la que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El Ejecutivo eliminará el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y pasará algunas de sus atribuciones a la administración central de la jefatura de Gabinete, que preside Guillermo Francos. Quieren cederle la función de reconocer comunidades originarias a las provincias y que la dependencia nacional quede como “área informativa”.
El INAI depende del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, cuenta con 181 empleados y tiene un presupuesto de $4847 millones. Otro de los organismos que tienen en la mira en Balcarce 50 es el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), que está dentro de la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Lo mismo aplica para el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), que tiene a cargo 37 empleados y $12.143 millones. Una de las opciones que baraja Nación es disolver el ente y trasladarle parte de su estructura a Marca País, que depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El Gobierno trabaja además en la centralización de los 12 institutos que están en la órbita de la secretaría de Cultura, que preside Leonardo Cifelli. Planea disolver la figura de los organismos descentralizados y traspasar sus áreas a la subsecretaría de Patrimonio. Incluye al Sanmartiniano y al Belgraniano, entre otros.
El Ejecutivo busca replicar la medida de eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Nación cerró el organismo, pero mantuvo sus funciones mínimas en el Ministerio de Justicia, que se quedó con sus recursos materiales, financieros y de planta.
Los organismos que quedaron afuera de la intervención presidencial son las universidades, las dependencias del Poder Legislativo junto a las del Judicial y el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases fija además el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Establece que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.
Javier Milei le pidió a sus ministros que le entreguen una lista con los decretos y normas que contemplen trámites y registros sobre sus dependencias que quieran eliminar., los integrantes del gabinete no presentaron todavía los documentos.
En la Casa Rosada sostienen que la medida “no va a la misma velocidad” que el decreto de necesidad y urgencia que eliminará 60 organismos. “Hay que hacer una búsqueda intensa y fijar un marco desregulatorio que agilice los procesos de cada área”, expresan en Nación.
En Balcarce 50 aseguran también que buscarán replicar la eliminación de normas del proyecto de ley “Hojarasca”, que el oficialismo envió en octubre al Congreso. La iniciativa propone derogar 70 leyes que fueron establecidas durante los gobiernos de Isabel Perón, Agustín Lanusse, Juan Domingo Perón y Juan Carlos Onganía, entre otros.
No descartan que el DNU incluya algunas de las propuestas de la ley, que no fue tratada todavía en el recinto de la Cámara de Diputados. “Lo que nos importa es que se eliminen trabas y trámites que ralentizan la gestión. Las facultades administrativas de Milei lo permiten”, agregan en el Ejecutivo.
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