Fue dispuesto por la Andis mientras sigue sin aplicarse la ley de emergencia. Prestadores lo calificaron como “insuficiente” y remarcaron que recién impactará en 2026.
Mientras sigue con la negativa de aplicar la ley de emergencia en discapacidad para, de esa manera y como una de sus exigencias, actualizar el valor de las prestaciones acorde a la inflación, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que aplicará un aumento de entre el 29% y el 35% en el nomenclador con el que se rigen los prestadores. “Son aumentos insuficientes que recién impactarán en la economía de los prestadores hacia 2026″, criticaron desde el sector en Mar del Plata.
La desactualización del nomenclador que rige los aranceles que se aplican para los prestadores que trabajan con personas con discapacidad es uno de los reclamos que derivaron en la ley de emergencia en discapacidad, que el gobierno de Milei se niega a implementar. Y este miércoles la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) emitió un comunicado en el anunció que se aplicará un aumento en los valores de entre el 29% y el 35%.
Se trata del primer aumento en lo que va del año que implementará la Andis. Y desde la dependencia que sigue bajo una intervención -tras el escándalo de las coimas que derivaron en la salida de su titular, Diego Spagnuolo- detallaron que la suba a aplicar en el nomenclador será de entre 29% y 35% entre los meses de octubre y diciembre.
“El aumento del nomenclador se materializa gracias a una decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación, en un paso más hacia una gestión más ordenada y responsable de los recursos, que busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025″, afirmó el comunicado.
De todos modos desde hace varios meses que desde la organización Prestadores Unidos MDP alertan estar ante un desfasaje de los valores prestacionales que en los dos años previos superó el 158% en comparación con el proceso inflacionario. Así indicaron que a lo largo de 2024 los valores prestacionales aumentaron solo un 74,9% contra el 117,8% de inflación y que en 2023, es decir también durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando la inflación fue del 211,4% la actualización arancelaria del 114%.
La posibilidad de fijar un aumento en el nomenclador había quedado formalizada por parte del gobierno en la decisión administrativa 24/2025 dictada el mismo día en que se suspendió la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad a través de la cual el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron realizar una reasignación de partidas con relación al presupuesto prorrogado de 2023 con el que gobiernan hace dos años.
De todos modos, lo ahora dispuesto está lejos de lo fijado en la ley que prevé una compensación de lo perdido por prestadores en torno a los aranceles, específicamente por el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y que la actualización sea en función de la inflación acumulada.
“Con este aumento, se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales, tales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación, y también los usuarios manteniendo la calidad y continuidad de los servicios”, afirmaron desde la Andis en su comunicado.
“LIMOSNA DISFRAZADA DE DECISIÓN TÉCNICA”
Desde Prestadores Unidos MDP se expresaron a través de un comunicado y calificaron como “insuficientes” las subas dispuestas por la Andis al tiempo que volvieron a reclamar la implementación efectiva de la ley.
“La ley no puede quedar suspendida por decisiones administrativas. No hay democracia posible cuando lo sancionado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo se frena por conveniencia política o por falta de voluntad presupuestaria”, señalaron en primer término.
Y, sobre el anuncio, apuntaron que el directorio de la Andis “después de más de un año de silencio se reunió para anunciar aumentos escalonados e insuficientes, que lejos están de representar la verdadera aplicación de la ley de emergencia”.
“Esos incrementos, además de contradictorios con la propia norma, recién impactarán en la economía de los prestadores hacia 2026, perpetuando un modelo de precarización y abandono. No se trata de una mejora: se trata de una limosna disfrazada de decisión técnica”, acusaron.
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