La ciudad de Buenos Aires recuperó en las últimas horas un predio ubicado en Parque Avellaneda que se encontraba ocupado de manera ilegal por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, una organización que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por el diputado nacional Juan Grabois. El inmueble, situado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, era utilizado como depósito sin autorización.
Más allá del conflicto puntual por la ocupación del predio, el caso del Amanecer de los Cartoneros volvió a poner bajo la lupa el financiamiento estatal a organizaciones sociales durante el gobierno de Alberto Fernández.
La cooperativa vinculada a Grabois recibió entre 2020 y 2023 más de US$ 7 millones en transferencias discrecionales, canalizadas a través de distintos programas nacionales del extinto Ministerio de Desarrollo Social que funcionó en el kirchnerismo.
Domiciliada en la calle Baradero 524, Banfield, a El Amanecer se le pagaron en total $ 1.099,6 millones en esos cuatro años de la siguiente manera: $ 394,5 millones en 2020, $ 232,3 millones en 2021, $ 254,1 millones en 2022 y $ 218,7 millones en la primera mitad de 2023.
Contemplando el tipo de cambio oficial de cada uno de esos períodos, a $ 70,6 (2020), $ 95,1 (2021), $ 137,1 (2022) y $ 212 (primer semestre de 2023), se llega a un global de US$ 7.266.380 cobrados.
Ese monto se inscribe dentro de un esquema mucho más amplio. De acuerdo con registros oficiales, decenas de cooperativas y mutuales vinculadas a piqueteros kirchneristas, de izquierda y sectores alineados al gobierno anterior recibieron, entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2023, cientos de miles de millones de pesos, que al tipo de cambio oficial de ese momento equivalían a US$ 283.556.896.
El Amanecer de los Cartoneros fue la cooperativa que lideró el ranking de más dinero recibido de parte del Estado en un universo de 495 cooperativas y asociaciones que formaron parte del listado al que accedió Clarín en ese entonces.
De ese total, con la excepción de algunas que no logran ser identificadas con organizaciones sociales o partidos políticos, la mayoría están concentradas por agrupaciones vinculadas a piqueteros que trabajaron cerca del kirchnerismo, como el Movimiento Evita, o a grupos de izquierda como el Polo Obrero.
Cómo fue el operativo de desalojo
Desalojo cartonero en Parque Avellaneda. Foto GCABA
El operativo se llevó adelante a primera hora del miércoles y contó con la participación de 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, maquinaria pesada y camiones, además de efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención. Tras el desalojo, el predio será devuelto a la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que deberá definir su destino.
Desde el Gobierno porteño explicaron que la intervención se inscribe en una política sostenida de ordenamiento del espacio público. Según datos oficiales, en los últimos dos años la Ciudad recuperó más de 550 propiedades ocupadas, tanto públicas como privadas.
“Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”.
En la misma línea, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, sostuvo que “la convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse” y advirtió que la Ciudad actuará cada vez que se ocupen ilegalmente espacios públicos o propiedades privadas, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los vecinos.
El desalojo en Parque Avellaneda se suma a otras acciones recientes del Ejecutivo porteño, como el retiro de manteros en 13 zonas clave —entre ellas Once, Flores y Constitución— y la desarticulación de un mercado ilegal que, según estimaciones oficiales, movía alrededor de $1.900 millones.
