Tras el receso invernal dispuesto por el Tribunal, se reanudó el juicio del caso Cuadernos, que investiga una red de sobornos que involucró a 60 empresarios de diversos sectores y a funcionarios del extinto Ministerio de Planificación, con Cristina Kirchner acusada de liderar una asociación ilícita.
Continúan declarando miembros del ARCA responsables de supervisar a las empresas involucradas en la maniobra. En las primeras audiencias de la semana se abordaron nuevamente los retiros millonarios efectuados por compañías que abonaban sobornos, confirmándose en algunos casos que “hubo concordancia entre los números de la planilla de Ernesto Clarens y la extracción de fondos de las empresas”.
El sector empresarial fue un eslabón fundamental en la estructura investigada en 2018 dentro del caso de los cuadernos de las coimas. La justicia los acusa de cohecho activo, por haber pagado sobornos exigidos por los funcionarios del Ministerio dirigido por Julio De Vido durante doce años. Por este delito están sentados en el banquillo de los acusados, mientras que Cristina Kirchner y otros exfuncionarios son juzgados por asociación ilícita y recepción de sobornos.
Durante las últimas semanas, ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, declararon exintegrantes —y algunos actuales funcionarios— del ARCA que estuvieron a cargo de la fiscalización de personas físicas y jurídicas implicadas en la causa.
En la audiencia del miércoles, prestó testimonio Mariano Barbería, contador y supervisor de investigación del ARCA. Frente a la fiscal Fabiana León, detalló que su labor se basó en un oficio firmado por el entonces juez federal Claudio Bonadio, que incluía datos proporcionados por Ernesto Clarens.
Clarens, financista cercano al kirchnerismo, se convirtió en imputado colaborador ante el fiscal federal Carlos Stornelli y entregó un listado de empresas que le entregaban dinero en efectivo, moneda nacional, para convertirlo en dólares, ya que las coimas debían abonarse en divisas.
Este documento, parte del tramo conocido como “la Camarita”, reflejaba cómo las empresas de la Cámara de la Construcción se disputaban adjudicaciones mediante un código informal que no respetaba normas de competencia, incluyendo rankings y devoluciones de favores, según la acusación.
Una vez elegida la empresa adjudicataria, la Dirección Nacional de Vialidad iniciaba los pagos, dando inicio al circuito recaudatorio con Clarens como primer receptor de los fondos, denominados “retornos”, que los empresarios entregaban como contraprestación.
En general, la recaudación ilícita proveniente de obras viales coordinadas por Vialidad correspondía a un porcentaje del monto ofertado, que oscilaba entre el 3% y el 20% cuando incluían anticipos financieros. En casos sin anticipos, se establecían montos equivalentes a ciertos certificados de obra.
Según Clarens, “los primeros retornos que se pagaron entre 2003 y 2005 en la Camarita los cobraban ellos. Las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con la anotación del monto y concepto”.
El anticipo financiero de la obra se entregaba en uno, dos o tres pagos al funcionario recaudador. “El anticipo financiero se iba todo al funcionario, mientras que el IVA retenido, que debía pagarse a la AFIP a los 30 y 60 días, se utilizaba para iniciar la obra”, señala la acusación.
El financista estimó que el flujo de dinero en este circuito pudo alcanzar los 30 millones de dólares. La planilla entregada como arrepentido fue crucial para el trabajo de la ex AFIP.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la declaración de Barbería “ratifica lo dicho por Ernesto Clarens respecto a fechas y montos”, ya que ambos testigos coinciden en que se detectaron extracciones de efectivo por caja o mediante cobro de cheques en ventanilla.
Según Barbería, la tarea del equipo de investigación fue detectar “concordancias entre los montos de la planilla y los movimientos de dinero de las personas físicas y jurídicas investigadas”.
El listado de empresas incluía a JCR (familia Relats), Grupo Roggio, Green SA y su unión transitoria de empresas, Rovella Carranza, Jorge Cartellone y Luis Losi, entre otras.
El testigo explicó que en algunos casos hubo concordancia, aunque en cifras aproximadas, y en otros no. La metodología, confirmada por otros testigos, consistía en retiros importantes de dinero en efectivo o cobro de cheques en ventanilla, perdiéndose la trazabilidad de los fondos.
Barbería también mencionó la existencia de “cheques correlativos” detectados en algunos análisis.
La justicia sospecha que ese dinero retirado por las empresas alimentaba el circuito de sobornos que permitía a los empresarios obtener licitaciones, obras, renovaciones de concesiones y otros beneficios.
El martes, declaró Pedro Majul, funcionario regional de ARCA en Córdoba, quien relató que, siguiendo un oficio del juzgado de Bonadio, se analizaron proveedores que emitían facturas apócrifas vinculadas a varias empresas.
Se enfocó especialmente en Electroingeniería, presidida por Gerardo Ferreyra, involucrado en la causa, y señaló que se detectaron unos 100 millones de pesos en operaciones fraudulentas, equivalentes a aproximadamente 8 millones de dólares según el tipo de cambio de entonces.
Sobre Electroingeniería, Majul comentó que la Unidad de Información Financiera (UIF)
