Avanza la implementación de la ley para recuperar inmuebles utilizados para el narcotráfico

Jun 22, 2026 Diario La Comarca Jujuy Locales

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Diputados provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades judiciales para analizar los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de la norma que permite recuperar propiedades utilizadas para actividades vinculadas al narcomenudeo.

Los legisladores Adriano Morone, Diego Rotela y Gisel Bravo mantuvieron una reunión de trabajo con la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Mercedes Arias, y el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, para abordar distintos temas vinculados al fortalecimiento de las políticas de seguridad y justicia en la provincia.

Uno de los principales ejes del encuentro fue el análisis de los avances necesarios para la implementación de la ley que permite la recuperación de inmuebles utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico, iniciativa aprobada por la Legislatura de Jujuy durante el año pasado.

Durante la reunión se intercambiaron opiniones sobre los mecanismos institucionales y operativos que permitirán poner en marcha esta herramienta legal, concebida para recuperar aquellos inmuebles que funcionen como puntos de venta de droga y cuya actividad genere situaciones de violencia e inseguridad en los barrios.

Al respecto, Morone destacó la importancia de avanzar de manera coordinada entre los distintos poderes del Estado para garantizar la aplicación efectiva de la norma.

“La recuperación de estos inmuebles constituye una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia. Existe una decisión firme del gobernador Carlos Sadir de fortalecer las políticas de seguridad y brindar más herramientas al Estado para combatir el delito, proteger a los vecinos y recuperar espacios que hoy son utilizados para actividades ilícitas”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre la Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Legislativo para dotar al Estado de instrumentos cada vez más eficaces en la prevención y persecución de este delito.

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