Amenazas escolares: menor deberá disculparse y sus padres pagar resarcimiento económico

Abr 21, 2026 Diario La Comarca Jujuy Nacionales

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Luego de días de gran tensión debido a una alarmante ola de amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios en diversas instituciones educativas de nivel medio, que obligó a suspender clases y movilizar fuerzas de seguridad, la Justicia Salteña dictó las primeras medidas contra uno de los jóvenes identificados como responsable de estos hechos.

Según informa prensa del Poder Judicial de Salta, el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías 3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, resolvió otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba para el adolescente implicado. Durante una audiencia flexible y multipropósito, el magistrado estableció una serie de reglas de conducta y medidas socioeducativas que el menor deberá cumplir de manera estricta.

Entre las obligaciones impuestas, el joven deberá realizar disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos de funcionamiento. Además, se dispuso una medida de carácter pedagógico que lo obliga a relatar ante sus compañeros de aula la experiencia vivida y las consecuencias de su tiempo de detención.

En concepto de reparación del daño causado a la comunidad, la familia del adolescente tendrá que realizar una donación mensual de una suma fija de dinero. Estos fondos estarán destinados al Instituto Especializado de Alojamiento 1, buscando resarcir económicamente el impacto de la movilización de recursos públicos generada por la amenaza.

Asimismo, el magistrado ordenó que el implicado se someta a un tratamiento psicológico obligatorio durante el término de un año para abordar su conducta. Durante este período, el joven deberá acreditar un comportamiento ejemplar y abstenerse totalmente del consumo de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia psicoactiva.

Al finalizar el acto judicial, el juez dispuso la inmediata libertad del menor, quien fue entregado bajo la responsabilidad legal y custodia de su madre. La resolución busca generar conciencia sobre la gravedad de las intimidaciones públicas, mientras la institución educativa organiza la logística para que el estudiante cumpla con su descargo frente a sus pares.

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