La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe decidir si se mantiene la condena a prisión perpetua de Andrés Di Césare por el femicidio de Julieta González, ocurrido en Mendoza en 2016. El planteo de la defensa discute la aplicación del agravante por razones de género y volvió a poner bajo análisis una causa que había sido revisada en distintas instancias judiciales.
González tenía 21 años y desapareció el 21 de septiembre de 2016. Su cuerpo fue hallado seis días después en Cacheuta, en el departamento de Luján de Cuyo. En 2019, Di Césare recibió una condena de 18 años por homicidio simple: el tribunal de entonces descartó el femicidio al considerar que entre ambos no existía una relación de pareja. En 2021, la Suprema Corte de Mendoza modificó la calificación y le impuso prisión perpetua.
El punto central que llegó al máximo tribunal nacional es si el agravante puede aplicarse en este caso aunque González y Di Césare no fueran pareja. La querella sostiene que la falta de una relación formal no debería impedir que se reconozca la violencia de género. La decisión tendrá que resolver esa interpretación legal; por ahora, la causa está pendiente y la condena no ha sido modificada por la Corte nacional.
La investigación sostuvo que Di Césare mató a González a golpes. Entre las pruebas mencionadas en el expediente estuvieron restos de piel del condenado bajo las uñas de la joven, sangre de ella en el automóvil de él y coincidencias entre las antenas de sus teléfonos en el momento y el lugar de la desaparición. La fiscalía planteó que el crimen pudo estar relacionado con que González le hubiera dicho que estaba embarazada; esa hipótesis no debe confundirse con el aspecto jurídico que debe resolver la Corte.
La abogada querellante Carolina Jacky advirtió que un cambio en el criterio podría habilitar pedidos de revisión en otras condenas por femicidio. Se trata de una preocupación expresada por la representación de la familia, no de un efecto ya producido ni de una decisión anticipada del tribunal. La familia de González, que atravesó una década de instancias judiciales, espera que se sostenga la calificación establecida por la justicia mendocina. Ante situaciones de violencia de género, se puede llamar al 144.
