El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 28 de noviembre la fecha en que decidirá sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El anuncio se realizó al cierre de dos jornadas de audiencias en Hamburgo, Alemania. La resolución que se espera es sobre el pedido cautelar, no sobre el fondo de la disputa.
En su alegato, la delegación argentina solicitó que se impida iniciar o continuar la explotación de hidrocarburos y que no se utilice la información obtenida durante la exploración. También pidió intervenir en la protección del medio marino de la zona y que el Reino Unido evite nuevas decisiones que, según el planteo argentino, agraven el conflicto. El equipo sostuvo que la urgencia reside en que las perforaciones podrían alterar de manera permanente la situación antes de que avance el procedimiento arbitral.
La presentación describió un plan cuya inversión definitiva, según la fuente, fue aprobada en 2025 y cuya ejecución correspondería a Navitas, con una participación del 65%, y Rockhopper, con el 35%. El proyecto prevé extraer más de 300 millones de barriles durante 30 años, mediante hasta 26 pozos y un sistema de producción en el lecho marino. La delegación argentina alegó que el daño sería irreparable si la explotación modifica de forma permanente la plataforma continental.
Los representantes argentinos aclararon que no solicitan al tribunal que resuelva la cuestión de soberanía para disponer medidas provisionales. Marcelo Gustavo Kohen recordó que las islas figuran en la lista de territorios no autónomos de la ONU y mencionó la resolución 31/49, que insta a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras continúa la controversia. También objetó que, a su juicio, los alegatos británicos no reconocieran la existencia de la disputa.
El agente argentino Mario Oyarzábal afirmó que el país había acreditado los requisitos para obtener medidas provisionales: competencia inicial del tribunal, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia. La decisión del 28 de noviembre definirá si se conceden esas medidas mientras sigue el procedimiento arbitral; no cerrará el reclamo argentino, que, según la delegación, continuará por vías jurídicas y diplomáticas.
