El Senado de Paraguay removió este viernes a Santiago Peña tras declararlo culpable de mal desempeño en un juicio político. La decisión recibió los 44 votos de los legisladores presentes; uno estuvo ausente. Peña no participó de la sesión y delegó su defensa en dos abogados. Con la destitución, se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en perder el cargo por esta vía desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, después de Fernando Lugo, removido en 2012.
La definición se produjo mientras el país atravesaba una crisis financiera y política vinculada a Ueno Bank, intervenido por el Banco Central. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes y, de acuerdo con la información disponible, la intervención dejó a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros. Durante el juicio político, los diputados atribuyeron a Peña vínculos con el banco y un supuesto direccionamiento de fondos públicos; también calcularon en unos 1.200 millones de dólares el presunto perjuicio para el Estado. Esas imputaciones formaron parte de la acusación política y no equivalen a una condena penal.
Tras la votación, la Fiscalía dispuso la detención de Peña en su casa de Asunción por presunta lesión de confianza y otros delitos relacionados con el caso. También ordenó el arresto del expresidente del Banco Central Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. Peña fue citado a declarar el sábado. Al perder el cargo, además, dejó de contar con la posibilidad de ser senador vitalicio con inmunidad parlamentaria, un beneficio que la Constitución paraguaya reserva a expresidentes electos, salvo cuando fueron destituidos mediante juicio político.
El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia durante el procedimiento. Antes de la votación, Peña había anunciado su renuncia en un mensaje en redes sociales, pero el Congreso no la trató por falta de quórum. La sesión de juicio político siguió adelante y concluyó con su destitución. En su primer anuncio como presidente, Alliana anticipó que enviaría al Congreso un proyecto para racionalizar gastos públicos y reducir erogaciones que consideró innecesarias.
La crisis también provocó protestas frente al Congreso, donde se congregaron ciudadanos que reclamaron la devolución de sus ahorros y que los responsables comparecieran ante la Justicia. Algunos afectados denunciaron que no podían operar sus cuentas; las fuentes disponibles no ofrecen una cifra única y coincidente sobre cuántas personas quedaron sin acceso a sus fondos.
