La Justicia Federal procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, como presunto jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó además su prisión preventiva, que cumplirá en su domicilio con un dispositivo electrónico de vigilancia, y trabó sobre sus bienes un embargo de $40.000 millones.
La resolución también alcanza a otras 17 personas y nueve sociedades relacionadas con el grupo. Los embargos dispuestos en conjunto sobre imputados y empresas suman $215.900 millones. Según la hipótesis investigada, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 habría operado una estructura que recurrió a unas 15 sociedades para ingresar al circuito formal ganancias de operaciones cambiarias realizadas al margen de las normas. Los fondos se habrían usado luego para adquirir propiedades, vehículos y participaciones en empresas.
La investigación señala a Sur Finanzas PSP SA, la billetera virtual del grupo, como uno de los canales centrales de circulación de dinero. En una de sus cuentas bancarias se habrían acreditado cerca de $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025. También se detectaron usuarios cuya capacidad económica no coincidiría con los montos operados y cuentas a nombre de terceros por las que pasaron más de $1.000 millones; en un caso, el total superó los $39.000 millones.
Entre los bienes identificados figuran una propiedad en un country de Canning valuada en US$500.000, seis unidades en un edificio de Adrogué por US$600.000 y un terreno en Fincas de San Vicente estimado en US$400.000. La resolución también menciona una Ferrari California utilizada por Vallejo, que fue vendida días después de los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 a una jubilada cuyos ingresos, según la investigación, no se correspondían con el valor de la operación.
Entre las personas procesadas como integrantes de la asociación ilícita se encuentran la madre y la pareja de Vallejo, dos mujeres de apellido Sena Argis, Silvia Torrado y el contador Gerardo Salvador Carrozza. Otros imputados quedaron procesados por distintos grados de participación en el lavado o por encubrimiento agravado, en este último caso por la presunta eliminación de registros y equipos tras los allanamientos. Para quienes tenían cargos de dirección o administración en las sociedades, el juez dispuso restricciones de contacto con testigos y empleados y presentaciones periódicas ante la Policía Federal. También ordenó el secuestro de 24 vehículos con fines de decomiso y embargos preventivos sobre otros 35 rodados y 13 inmuebles. La investigación sigue abierta para identificar otros posibles orígenes de los fondos y operaciones vinculadas.
