La Corte Suprema dejó sin efecto una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había dado por cancelada la inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino ante la Inspección General de Justicia. Con ese fallo, el tribunal restableció la competencia de la IGJ para fiscalizar a la entidad y dejó nuevamente en pie la medida ministerial que dispuso una veeduría por 180 días hábiles.
La disputa registral comenzó después de que una asamblea de la AFA, realizada el 17 de octubre de 2024, aprobara cambiar el domicilio social de la entidad a la provincia de Buenos Aires. La organización buscaba dejar la jurisdicción porteña y pasar al registro provincial, pero la IGJ rechazó inscribir el cambio y cancelar la inscripción nacional. El organismo fundó su decisión en inspecciones en la sede declarada en Pilar, donde señaló presuntas irregularidades.
En el expediente penal, la Corte rechazó que una denuncia por administración fraudulenta se acumule a una investigación por lavado de activos en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni continuará en el juzgado nacional en lo criminal y correccional de Paula Petazzi. Se trata de investigaciones y denuncias; la resolución informada no establece culpabilidades.
Además, el tribunal dispuso que otra denuncia, referida a presuntos balances falsos de la dirigencia, se tramite en el fuero penal ordinario junto con la investigación por administración fraudulenta, y no ante la justicia penal económica. Así, las causas seguirán en sus ámbitos de origen mientras se resuelven las cuestiones pendientes, sin que el fallo implique una decisión sobre el fondo de las acusaciones.
