Quince estados y territorios de Estados Unidos presentaron un escrito ante la Corte Suprema de ese país para respaldar a los fondos que buscan revertir el fallo favorable a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La presentación, encabezada por Missouri y realizada el 30 de octubre como amicus curiae, permite que terceros acerquen argumentos sin incorporarse como partes del expediente.
Los firmantes cuestionaron la interpretación de la Ley de Inmunidad Soberana estadounidense aplicada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Sostienen que esa decisión podría habilitar a gobiernos extranjeros a invocar sus propias leyes para evitar reclamos en tribunales de Estados Unidos. Como ejemplo de las consecuencias que temen, mencionaron demandas de Missouri y Mississippi contra China por presuntas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler objetó el razonamiento de los estados. Según su análisis, el tribunal de apelaciones no se declaró incompetente: revisó el caso y resolvió que correspondía aplicar el derecho argentino sobre sociedades y expropiaciones, por lo que los demandantes no tenían derecho a la indemnización contractual solicitada. Soler también señaló que la presentación fue suscripta por fiscales generales republicanos, salvo el representante de las Islas Marianas del Norte, de condición independiente, un factor que a su juicio podría restarle persuasión.
El reclamo fue impulsado por Petersen Energía y Eton Park, cuyos planteos financia Burford Capital. Los fondos piden que la Corte Suprema restablezca la condena de US$16.100 millones dictada en primera instancia y luego anulada por el Segundo Circuito el 27 de marzo de 2026. El litigio se centra en la falta de una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, que los demandantes consideran exigida por el estatuto de YPF tras la expropiación del 51% de las acciones en 2012.
La presentación de los estados suma respaldo al pedido de los fondos, pero no cambia por sí misma el fallo favorable a la Argentina. La Corte Suprema aún debe decidir si acepta revisar la sentencia; si rechaza el pedido, quedará firme la decisión que dejó sin efecto la condena. El próximo vencimiento procesal es el 2 de diciembre, fecha hasta la cual el Estado argentino y YPF deben presentar sus respuestas, tras obtener una prórroga.
