Un abogado de 56 años, oriundo de la localidad bonaerense de Haedo, partido de Morón, y que ya cuenta con una condena por narcotráfico, fue imputado por el transporte de 32 kilos cocaína y quedó detenido con prisión preventiva por un mes. La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, se inició a raíz de un procedimiento realizado hace diez días en la localidad salteña de Isla de Cañas, donde la policía encontró esa cantidad de droga en una camioneta abandonada a orillas de un río.

La imputación contra D.G.G. fue formalizada el miércoles pasado por el fiscal federal Marcos Romero, titular de la mencionada sede fiscal, durante una audiencia ante la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández. En representación del Ministerio Público Fiscal también intervinieron el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y la instructora Analía Cabral Castellanos.

El procedimiento

La investigación comenzó el sábado 3 de octubre, alrededor de las 15.30, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911. Una mujer que trabaja en la vía pública alertó sobre un episodio con armas de fuego en inmediaciones de las calles Alvear y Alberdi, en la ciudad de Orán.

Según relató, varias personas que se movilizaban en una camioneta de alta gama habían abordado a un hombre con armas de fuego, lo habían subido a otro vehículo y se habían dirigido hacia la ruta nacional 50. El centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, por su parte, informó que los involucrados circulaban en dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado.

A partir del seguimiento de las cámaras, efectivos policiales se dirigieron hacia la ruta provincial 18, en dirección a Isla de Cañas. Al ingresar por un camino alternativo que conduce a un río de la zona, encontraron la Volkswagen Amarok con el motor en marcha y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con paquetes que luego se identificaron como cocaína.

Tres minutos después, los policías observaron la llegada de la Toyota Prado, que provenía de la zona del río. El vehículo era conducido por el abogado, quien fue detenido. En la camioneta también se secuestraron dos teléfonos celulares y se advirtió un corte en el piso del vehículo, a la altura del tanque de combustible.

Con autorización judicial, los efectivos requisaron la Amarok y los bultos hallados en su interior. El procedimiento permitió confirmar que contenían más de 32 kilos de cocaína, acondicionada en bloques de un ancho más angosto al habitual, aparentemente cortados por la mitad.

Al fundamentar la imputación, el fiscal señaló que el acusado no había brindado explicaciones sobre la droga y solo procuró tomar distancia de ella. También destacó que el hombre registra una condena a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes, dictada en 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén. La sentencia aún no está firme, debido a un recurso de queja presentado por el propio abogado que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ese antecedente corresponde a un hecho ocurrido el 4 de julio de 2022, cuando el letrado fue detenido mientras conducía un vehículo en cuyo motor se encontraron cuatro kilos de cocaína. En esa investigación se acreditó que D.G.G. había estado en Orán cinco días antes y que incluso había tramitado allí un carnet de conducir, circunstancias que sustentaron la hipótesis de que la droga había sido trasladada desde esa ciudad hasta Neuquén.

El descargo y la prisión preventiva

Tras la formalización de la imputación y el pedido de prisión preventiva de la fiscalía, el abogado solicitó realizar un descargo. Dijo que desde hacía varios años viajaba a Orán y Aguas Blancas y cruzaba a Bolivia para comprar celulares y otros artículos que luego revendía.

Sobre su presencia en la zona el 3 de octubre, D.G.G. sostuvo que había viajado para reunirse con una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, aunque antes había decidido comprar teléfonos celulares para revender.

También atribuyó lo ocurrido a un supuesto ajuste de cuentas relacionado con un negocio inmobiliario que no llegó a concretarse. Según su versión, un conocido del lado boliviano de Bermejo pretendía comprar una casa de tres pisos en el barrio porteño de Liniers y le había encargado una presentación legal para asumir la posesión del inmueble.

La operación, explicó, se frustró cuando la persona que llevaba los 70.000 dólares acordados sufrió un robo. El supuesto comprador lo habría responsabilizado por el hecho y amenazado con atacarlo si volvía a Orán.

El abogado vinculó esa disputa con el presunto secuestro reportado al 911 por la testigo, del que dijo haber sido víctima. Afirmó que cinco personas armadas y encapuchadas lo habían golpeado y amenazado con matarlo y arrojarlo al río, aunque su relato, según valoró la fiscalía, presentó contradicciones sobre distintos tramos del recorrido y lo sucedido en las inmediaciones del lugar. También sostuvo que sus captores habían amenazado con incendiar su camioneta con él adentro, pero que finalmente, sin explicación alguna, cruzaron el río y se marcharon.

La defensa cuestionó la imputación y se opuso al pedido de prisión preventiva. Sin embargo, la jueza rechazó sus planteos y dispuso la medida por un mes, al considerar los argumentos de la fiscalía sobre la gravedad del hecho, el estado inicial de la investigación y los antecedentes del acusado.

Impugnación y resolución confirmada

La resolución de la magistrada fue impugnada por la defensa y el planteo fue tratado el viernes siguiente por la Sala II de Revisión, integrada por los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Ernesto Solá. En esa audiencia, insistió en que el abogado había sido víctima de un secuestro y no tenía vinculación con la droga. También pidió reemplazar la prisión preventiva en una unidad penitenciaria por el arresto domiciliario.

El fiscal Romero rechazó esa alternativa y sostuvo que persistían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Además, señaló que el análisis pericial de los teléfonos celulares secuestrados podría aportar nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido. Finalmente, el tribunal confirmó la prisión preventiva por un mes, en los términos dispuestos al formalizarse el caso.